El miércoles último por la tarde, la subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Sgaia) interceptó dos vehículos en la 22 avenida y 20 calle de la zona 10, que transportaban US$997 mil 20 en efectivo.

En ese lugar fueron detenidas Ana Lucrecia Muñoz Ramírez, de 35 años, y María Fernanda Cabrera Franco, 24, quienes llevaban dinero oculto en un automóvil con placas salvadoreñas.

También fue capturada Cinthia Jeannette Cardona Sandoval, 31, quien conducía una camioneta agrícola y se hacía acompañar de cuatro guardaespaldas: Carlos Enrique Mitsi Cho, 24; Eduardo López Cruz, 30; Víctor Vicente Maaz Hernández, 33; y César Augusto Beb Caal, 25, quienes también fueron aprehendidos.

En Petén también se incautaron ayer US$69 mil 740l, por lo que fue detenido Santiago Jerónimo Izaguirre.

La Policía Nacional Civil (PNC) registraba hasta ayer el decomiso de US$4 millones 334 mil 284.91, equivalentes a Q32 millones 983 mil 908.20.

Rivales se delatan

Investigadores señalan que la mayoría de incautaciones se deben a que los carteles rivales brindan información sobre movimientos de dinero o droga, con la intención de debilitar a la competencia.

“En la mayoría de los casos, se ponen el dedo entre ellos”, comentó un investigador, quien añadió que los carteles obtienen información de movimientos de sus rivales y la filtran a las autoridades.

Al obtener los datos sobre la ruta, hora y tipo de vehículo que lleva la droga o el dinero, los detectives instalan puestos de control y ejecutan las incautaciones.

Inteligencia civil

Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa y experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señaló que las incautaciones son producto de análisis.

“Las incautaciones son producto de una buena inteligencia civil y de denuncias, porque el dinero y droga son movilizados constantemente pero solo se decomisa cuando se cuenta con información certera”, aseguró Leiva.

Lorena Escobar, de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asíes), coincidió con Leiva en que las incautaciones obedecen a investigaciones de inteligencia civil.