Para el 10 de abril de 2023 se tiene previsto que inicia el juicio contra 13 presuntos implicados en el caso denominado Caja de Pandora, de acuerdo con la agenda del Tribunal B de Alto Impacto, presidido por Jeannette Valdés.

Las investigaciones se iniciaron el 3 de septiembre de 2014 cuando el Ministerio Público (MP) de forma conjunta con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarticularon una organización de corrupción aparentemente dirigida por el fallecido reo Byron Lima Oliva. En dicha red participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.

En octubre de 2021, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó la excusa presentada por el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidio por Jazmín Barrios para no conocer el juicio por el caso Caja de Pandora y ordenó que fuera el Tribunal de Mayor Riesgo “B” el que realice el debate.

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El expediente judicial refiere que la relación entre Lima Oliva y los dirigentes del extinto Partido Patriota (PP) se debió en gran parte a que compartían formación militar, y se consolidó en 2012, según las averiguaciones.

En la carpeta judicial se hace referencia a el nombramiento de Héctor Mauricio López Bonilla al frente de Gobernación abrió las puertas a Lima Oliva para ejercer poder dentro de la DGSP, y pasó a tomar decisiones que le correspondían a un funcionario público en el ejercicio del cargo, entre ellas nombrar personal dentro de la institución.

En la organización participaban altos funcionarios del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.

Antecedentes

Una investigación revelada el 5 de octubre de 2017 por la Cicig y el MP, señalaron al exalcalde capitalino Álvaro Arzú, ya fallecido, de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte del difunto Byron Lima, que aparentemente eran pagados con fondos municipales.

La cooperativa Torre Fuerte, propiedad del excapitán del Ejército Byron Lima, prestó servicios entre 2013 y 2015 para la campaña política del Partido Unionista, por el que se postuló Arzú y ganó la reelección.

La investigación del MP detalló que Alejandra Sarai Reyes Ochoa, expareja de Byron Lima, conseguía facturas en blanco que eran entregadas a la Municipalidad de Guatemala, para recibir los pagos, las cuales se llenaban por pagos de otros servicios que no tenían relación con la propaganda del Partido Unionista. Esos gastos supuestamente fueron pagados con dinero de la Municipalidad de Guatemala, perteneciente al fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana.

La prueba reina

Como parte de la carpeta judicial de encuentra el convenio de colaboración eficaz que firmó Reyes Ochoa en octubre de 2017 y rindió su declaración en anticipo de prueba, la cual se convierte en la prueba principal con la que cuenta el MP, porque detalla la forma en que funcionaba la organización, proporciona nombres de algunos implicados y la forma en que se realizaron algunos cobros.

En su testimonio explicó que Byron Lima Oliva le pidió al expresidente Arzú plazas para ella y su madre, solicitud fue atendida y detalló que tenía una maquila en Pavoncito y esta se llamaba Torre Fuerte y que uno de los clientes al principio fue el Partido Patriota, pero entre el 2013 y 2014, y que uno de sus clientes más fuertes era la municipalidad de Guatemala.

En su declaración reveló detalles sobre los traslados de reos, los vínculos del militar con políticos y narcotraficantes; así como la forma en que le entregaban dinero en efectivo en los sótanos de comuna y la forma en que fueron adquiridos bienes inmuebles y vehículos.

En el año 2012 Lima Oliva realizó el traslado de 127 privados de libertad a Pavoncito. En su declaración, Alejandra Reyes Ochoa indicó que ese mismo año Lima Oliva le comentó que el coronel retirado Luis Alberto González Pérez, designado director de la DGSP, le dio un mensaje al exministro López Bonilla, que consistía en “un regalo” de trasladar 150 reos a Pavoncito.

Reyes Ochoa fue capturada en septiembre de 2014, luego de ser señalada como una de las integrantes de la estructura dirigida por el militar Byron Lima Oliva dentro del Sistema Penitenciario. Al momento de su aprehensión era la conviviente del prisionero acusado de realizar cobros ilegales a otros privados de libertad que buscaban ser trasladados de prisión. Ella era la encargada de lavar el dinero obtenido de esa actividad ilícita, según averiguaciones del MP.

Con libertad condicional

El 2 de diciembre de 2021 el Tribunal B de Alto Impacto por unanimidad resolvió dictar medidas sustitutivas a favor de Luis Alberto Lima Oliva, hermano del líder de la red; así como el abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, junto a otros implicados obtuvieron la libertad condicional.

El beneficio fue otorgado a Luis Alberto Morales, Armando Cox Velásquez y Norberto de Jesús Ortega, implicados en el caso, es importante mencionar que ninguno de los acusados pago fianza para recuperar su libertad.

Los procesados quedaron sin arresto domiciliario, pero tienen prohibido salir del país, así como acercarse a otros imputados, a la Municipalidad de Guatemala, al Sistema Penitenciario (AP) y al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), y tienen obligación de firmar un acta cada mes MP.

Por separado

El pasado 11 de abril de 2022 fue ligado a proceso Howard Yang, exdirector de Emetra, quien es sindicado de peculado por sustracción, se entregó el 7 de abril pasado, luego de estar prófugo de la justicia por cinco años.

Yang supuestamente facilitó algunas plazas en Emetra sin que las personas contratadas llegarán a trabajar y cobraban los ingresos los primeros cinco días de cada mes, hechos que se dieron entre 2013 y 2014.

El proceso penal contra Yang se desarrolla aparte y está a cargo del Juzgado D de Alto Impacto, que deberá fijar fecha para audiencia de etapa intermedia y posteriormente conocer los medios de prueba con los que cuenta el MP.  El resto de sindicados se encuentran a 10 meses de enfrentar el debate oral y público.

Entre las medidas sustitutivas que el juez le otorgó a Yang están: que puede desplazarse en el departamento de Guatemala, prohibido acercarse a la municipalidad capitalina y prohibido tener comunicación con coimputados. También cada mes debe presentarse a control biométrico al MP y tiene prohibido salir del país.

Los acusados y delitos imputados:

1. Luis Alberto González Pérez, por tráfico de influencias y asociación ilícita
2. Héctor Mauricio López Bonilla, por asociación ilícita
3. Marco Antonio Rossell Orozco, por lavado de dinero u otros activos
4. Moisés Eduardo Galindo Ruiz, por lavado de dinero u otros activos
5. Amado Randeli Valdez Castillo, por cohecho pasivo
6. Norberto De Jesús Ortega Barco, por cohecho pasivo
7. Oswaldo Pop Velásquez, por cohecho pasivo
8. Patricia Lisbeth Orozco Maldonado, por peculado por sustracción
9. Militza Lorena Viera Juárez, por peculado por sustracción
10. Dora Alicia Pineda Carías, por peculado por sustracción
11. Luisa Maria Silvana Salas Bedoya, por fraude en forma continuada e incumplimiento de deberes
12. Zoraida Azucena Herincx Soto, por fraude en forma continuada
13. Luis Alberto Lima Oliva, por fraude