La audiencia se llevó a cabo en la sala del Tribunal Octavo de Sentencia Penal y se prevé que el debate se presenten más de 25 testigos en este caso que involucra al periodista Zamora.
Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se duda de la autenticidad de la procedencia de Q300 mil que habría tratado de introducir al sistema bancario nacional de forma supuestamente irregular.
En el comienzo del debate también se presentaron algunos incidentes por parte de la defensa de Gómez, argumentando que había medios de pruebas como escuchas telefónicas o grabaciones que hizo Ronald García Navarijo, el principal testigo del Ministerio Público (MP) en este caso.
En su declaración, la exfiscal Samari Gómez, indicó que Navarijo mencionó que había tenido acercamientos con el exfiscal de la Feci, Juan Francisco Sandoval, y que a él le había informado cuáles eran los temas sobre los cuáles quería aportar información.
Añadió que la Fiscalía tuvo conocimiento de cuáles era los temas a tratarse dentro del convenio de colaborador eficaz.
Afirmó que desconoce la forma, fecha y lugar donde se llevaron a cabo los acercamientos. Recordó que su primer acercamiento como auxiliar fiscal con García Navarijo fue el 30 de septiembre del 2020.
García Navarijo solicitó varias cuestiones en específico, pidió que la colaboración eficaz se pudiera tramitar, pero que se llevaran a cabo las entrevistas en lugar distintos y no en la sede del MP, en el barrio Gerona, zona 1, porque temía que algunos de los imputados se percatara que había una colaboración con la Fiscalía.
En la referida fecha ser recibió la instrucción por parte de Sandoval de darle trámite a la solicitud de Ronald García Navarijo.
Agregó que dentro de las pruebas hay un audio en el que García Navarijo afirma que a partir de este se pactó entre Jose Rubén Zamora y Sandoval cuándo se le iba a dar trámite al convenio de colaborador eficaz; sin embargo, la exfiscal indicó que esta información es “completamente” falsa.
Señaló que se ha manejado información falsa y “lamentablemente el Ministerio Público y los querellantes adhesivos se han dedicado a trasladar y tergiversar con el paso del tiempo cada vez más y más”.
Se suponía que en la colaboración eficaz era la aceptación de los hechos por los cuales García Navarijo era investigado, también la forma en cómo se habían entregado ciertas aportaciones económicas a distintas organizaciones políticas y a ciertas personas políticamente expuestas.
Dijo que García Navarijo aportaba información “bastante comprometedora”.
Destacó que desde el principio García Navarijo “trató de darle una utilidad distinta de la que establece la ley a este convenio de colaboración eficaz” y pretendía que le explicaran cuáles era los beneficios que recibiría con esta figura en el proceso.
La exfiscal le explicó que tenía prohibido hacerlo, es decir, no se le podía hacer ningún tipo de ofrecimiento durante la tramitación del proceso de colaboración de fiscal.
García Navarijo sigo brindando información sin conocer los beneficios, por lo que se coordinaron dos reuniones para que Sandoval le explicar de nuevo que no era posible delimitar ciertas dudas.
Recordó que el 23 de julio del 2021, 10 días después de que se le explicó a García Navarijo cuál era la finalidad de un convenio de colaborador eficaz, se dio la destitución de Juan Francisco Sandoval, luego fue nombrado el fiscal Rafael Curruchiche.
Afirmó que posteriormente, se le dio seguimiento al proceso de colaboración eficaz sobre las bases comenzadas en la gestión de Sandoval.
Recordó que el 29 de octubre de 2021, García Navarijo compareció en la sede de la agencia 6 de la Feci para informar que era objeto de extorsión e indicó que había un sujeto al que identificó como exasesor del Congreso, quien le pedía dinero para que no se girara una nueva orden de aprehensión en su contra.
También indicó que se le había informado que la exfiscal Samari Gómez y el fiscal Curruchiche estaban armando un nuevo caso para perjudicarlo.
Desconfiaba de Curruchiche
Gómez agregó que García Navarijo manifestó tener “desconfianza” del fiscal Curruchiche y de la fiscal general y que indicó que no desconfiaba de ella – Samari Gómez-.
La exfuncionaria dijo que es “inevitable” que la involucren en la investigación, porque estas comenzaron en el 2016 y ella la encargada del proceso y tramitación de la investigación.
Afirmó que tuvo contacto con García Navarijo hasta el 30 de septiembre del 2020.
Agregó que le dijo al señalado que estaba en su derecho de denunciar y que no había orden de aprehensión en su contra, pero el caso se traslado a la Oficina de Protección al Testigo para que le informaran su derecho y se le pidió oficiar para requerir seguridad perimetral para su vivienda.
En dos ocasiones se trató de dar continuidad al proceso de colaboración eficaz, pero García Navarijo estaba enfermo, según su abogado.
Las reuniones para el proceso se efectuaron por medio del abogado Alberto Granados por lo que “nunca” había tenido comunicación directa con García Navarijo.
La exfiscal Samari agregó que en el proceso se aporta un audio obtenido por Navarijo y era parte de la tramitación del convenio de colaborador eficaz, por lo que llamó a los juzgadores a establecer si la grabación es legal o ilegal.
Indicó que ella nunca hizo ofrecimientos de la figura de colaborador eficaz.
Dijo que en un audio se evidencia que García Navarijo tenía control de los que eran investigados en los casos que Samari tenía conocimiento.
Señaló que el audio es una obstrucción a la justicia, ya que García Navarijo había iniciado su posible colaboración eficaz y en teoría daba información a la fiscalía, pero por el otro lado estaba tratando de desviar las investigaciones.
Navarijo fue el que pidió que se suspendiera el proceso de colaborador eficaz, según le exfuncionaria.
En otro audio indicó que se beneficiaba a Jose Rubén Zamora, pero Zamora manifestó que nunca había hablado con Samari ni tuvieron comunicación, sola una vez que le tomó declaración testimonial en su residencia en el tiempo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.
Samari Gómez también indicó que en un banco del sistema, García Navarijo era titular de cuatro acciones por un valor de Q40.
Luego les indicó a los juzgadores que consideraran si se puede chantajear con Q40, cuando por otro lado se pretendía la devolución de casi Q33 millones. Finalizó al decir que desconocía que Jose Rubén Zamora se comunicaba con García Navarijo.
Al final, el señalado nunca fue colaborador eficaz y figura como testigo clave.
