Para este lunes se tiene prevista la audiencia de reparación digna en el Tribunal de Mayor Riesgo “B” presidido por Jeannette Valdés e integrado por las vocales Katty Sarceño y Marling González, quienes escucharán, analizarán y fijarán el monto que deben pagar los señalados de ser parte de una red dedicada a la defraudación aduanera.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) será la encargada de solicitar la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, el monto que requerirá se desconoce por el momento, pero podría llegar a los Q23 millones cantidad defraudada al fisco, de acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público (MP).

En el expediente judicial se detalla que la evasión fiscal se dio desde finales de 2013 hasta que el 16 de abril de 2015, y que dicha organización habría operado en las aduanas, Central, de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.

Otra de las instituciones que podría adherirse a la petición es la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); no obstante, confirmó a través del departamento de comunicación social que es la PGN, como representante del Estado, “quien puede solicitar el reconocimiento y pago de daños y perjuicios en los que las personas pudieron afectar al Estado de Guatemala” y que “no le corresponde a SAT” hacerlo.

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A la resolución de la reparación se integra la sentencia escrita, según lo regula el Código Procesal Penal en su artículo 124 numeral 3, mientras que en el último numeral se establece que la responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme.

Lluvia de impugnaciones

Todas las partes procesales tienen el derecho de presentar acciones legales en contra de la resolución emanada por el Tribunal de Mayor Riesgo B y algunas de estas ya han sido anunciadas.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, indicó que harán un “análisis objetivo e imparcial y con base a criterios técnicos y jurídicos se presentarán las apelaciones”.

Mientras que César Calderón, defensor del expresidente Otto Pérez Molina, indicó que analiza la impugnación que presentará, aunque reconoce que debe esperar a que se le entregue la sentencia íntegra, algo  que ocurrirá el próximo 6 de enero; sin embargo, no descarta la posibilidad de presentar una apelación especial.

Según Calderón, es el agente aduanero el representante legal de la aduana y es el que se dedica a la importación, por lo que el delito de caso especial de defraudación aduanera no se aplicable al exmandatario.

El defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti no ha brindado detalles sobre las acciones legales que podría presentar.

De la firmeza del fallo

De los 29 sindicados fueron absueltos 11, entre ellos los exsuperintendentes de la SAT, Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Enrique Muñoz Roldán, quienes deberán esperar que el fallo cobre firmeza para recobrar su libertad.

Los exfuncionarios han permanecido presos por más de 7 años y el panorama a futuro es complejo derivado de que tendrán que esperar que las impugnaciones presentadas sean resueltas y esto permita que la sentencia absolutoria dictada a su favor quede firme.

Entre los posibles efectos de las acciones legales a presentarse está que el que la sentencia quede suspendida. Hasta el momento los defensores de los exjefes de la SAT no han detallado si buscarán alguna otra salida legal que permita a Franco Chacón y Muñoz Roldán recobrar su libertad en lo que el fallo queda firme.

Multa se convierte en prisión

Las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenaron a 16 años de cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti por los delitos de asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años); y se les impuso una multa de Q8 millones 709 mil 580.

No obstante, si esa multa no es cancelada en el tercer día que cobre firmeza el fallo, se convierte en prisión a razón de Q5 diarios, lo que podría representar cientos de años de cárcel. 

Del expediente judicial

La carpeta judicial está integrada por más de 675 folios, los cuales revelan que en estas oficinas aduanales existían personas que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le llamaban “cola”. Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborado por la red.

Además, la fiscalía presentó como pruebas 50 mil interceptaciones telefónicas,  mil 516 declaraciones únicas aduaneras, que según la investigación fueron alteradas por la red, y otros 322 medios de prueba.

¿Quién dirige la PGN?

El papel del procurador General de la Nación cobra relevancia puesto que, con esta resolución, el camino se abre para que pueda solicitar un resarcimiento en beneficio del Estado.

El actual procurador general de la Nación es Wuelmer Ubener Gómez González, nombrado por el presidente Alejandro Giammattei el pasado 22 de mayo, para un período de cuatro años.

Según consta en un documento de la Secretaría General de la Presidencia, Gómez González trabajó como asesor del desaparecido Centro de Gobierno, en 2020.