Una apelación especial presentará el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti Elías, en contra la condena que dictó de forma unánime el Tribunal de Mayor Riesgo “B” presidido por Jeannette Valdés e integrado por las vocales Katty Sarceño y Marling González, que los condenó a 16 años de cárcel y el pago de una multa de Q8 millones 709 mil.

Con dicha acción legal no queda firme la sentencia condenatoria que se dictó contra el exbinomio presidencial, junto a 16 personas involucradas en el caso de defraudación aduanera; mientras que 11 fueron absueltas.

De acuerdo con César Calderón, defensor del exbinomio presidencial detalló que presentará una apelación especial debido a que “es el recurso idóneo, el cual se presentará después de recibir la sentencia que será el próximo 6 de enero de 2023” y detalló que cuenta con 10 días para presentar el recurso legal.

A criterio del abogado “el Tribunal condenó sin pruebas y en el debate no se recibieron pruebas que demostrará los delitos por los cuales se les está condenado”, es decir, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera, y por ello considera que “hay errores garrafales por parte del Tribunal” advirtió.

El litigante explicó que al estudiar la sentencia se “descubren errores de fondo y de forma, los cuales son los que describen en una apelación especial y por lo general lo que se aborda es la valoración de la prueba” y agregó que también se deben analizar todos los principios, entre los que están, la lógica, la coherencia, el tercero excluido, el sentido común, entre otros.

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Calderón puntualizó que también se estudia “si el tribunal al dictar la sentencia observó la sana critica razonada, la cual está compuesta por principios” que deben tomarse en cuenta para valorar la prueba que es determinante para condena o absolución.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), Rafael Curruchiche, indicó que harán un “análisis objetivo e imparcial y con base a criterios técnicos y jurídicos se presentarán las apelaciones”.

El resarcimiento

El pasado martes 13 de diciembre el Tribunal de Mayor Riesgo B, fijó que tanto Pérez Molina como Baldetti tienen que retribuir al Estado de Guatemala Q1 millón 741 mil 910; este monto es adicional a los Q8.7 millones que deben hacer efectivo con la multa impuesta junto a la condena de 16 años de prisión, tras haber sido declarados culpables de los delitos de caso especial de defraudación aduanera y asociación ilícita, por liderar una agrupación criminal dedicada a la defraudación aduanera.

Dicha resolución de reparación digna integra la sentencia escrita, según lo regula el Código Procesal Penal en su artículo 124 numeral 3, mientras que en el último numeral se establece que la responsabilidad civil será ejecutable cuando la sentencia condenatoria quede firme.

Todas las partes procesales tienen el derecho de presentar acciones legales en contra de la resolución emanada por el Tribunal de Mayor Riesgo B, según lo establece el artículo 405 del Código Procesal Penal.

Multa se convierte en prisión

Las juezas del Tribunal de Mayor Riesgo “B” condenaron a 16 años de cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Baldetti por los delitos de asociación ilícita (8 años) y caso especial de defraudación aduanera (8 años); y se les impuso una multa de Q8 millones 709 mil 580.

No obstante, si esa multa no es cancelada en el tercer día que cobre firmeza el fallo, se convierte en prisión a razón de Q5 diarios, lo que podría representar cientos de años de cárcel.

Antecedentes

La carpeta judicial se integró por más de 675 folios, los cuales revelan que en estas oficinas aduanaras existían personas que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le llamaban “cola”. Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborado por la red.

Además, la fiscalía presentó como pruebas 50 mil interceptaciones telefónicas,  mil 516 declaraciones únicas aduaneras, que según la investigación fueron alteradas por la red, y otros 322 medios de prueba.

En el expediente judicial se detalla que la evasión fiscal se dio desde finales de 2013 hasta que el 16 de abril de 2015, y que dicha organización habría operado en las aduanas, Central, de Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.

Los importadores o sus tramitadores debían comunicarse a un número de teléfono que les proporcionaban los integrantes de La Línea, vía telefónica negociaban el ajuste al impuesto que debían declarar en el formulario de mercancía.

Los miembros externos de la estructura eran los encargados de administrar el teléfono y los trabajadores, miembros de la estructura interna, se encargaban de los trámites en las aduanas, dijo el exanalista Aníbal Argüello y detalló que la red ilegal operaba desde el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015.

Estos grupos eran controlados por Juan Carlos Monzón, a quien se identifica como el jefe o líder operativo de todo el grupo. Después de él se encontraba Salvador González y luego el resto de implicados.

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