En este proceso penal se acusa al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, por supuestamente liderar una red de defraudación aduanera, la cual estuvo integrada por 28 personas más, entre ellos los extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Cabe destacar que el personal administrativo y de los diferentes órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial (OJ) están próximos a gozar del período de vacaciones y por lo general se divide en tres grupos que son distribuidos de noviembre a la quincena de febrero del siguiente año.
Sin embargo, el Tribunal B de Mayor Riesgo no podrá gozar del periodo vacacional hasta dictar el fallo, derivado a que un juicio no puede interrumpirse por más de 10 días, según lo regula el Código Penal en su artículo 361: “Si el debate no se reanuda a más tardar el undécimo día después de la suspensión, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo, desde su iniciación” se lee.
El equipo de Prensa Libre le enumera los pasos que se encuentran regulados en el artículo 382 del Código Penal:
- Los representantes del Ministerio Público (MP) se encuentran en la fase de solicitar la pena a imponer conforme a los delitos atribuidos en contra de los 30 acusados.
- Posteriormente los representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria deben exponer sus conclusiones, además de justificar la solicitud de la pena a imponer contra los 30 acusados y el daño causado.
- Sucesivamente será el turno de los 30 defensores de los señalados, quienes deberán argumentar su petición
- Además, podrían plantear réplicas únicamente los representantes del Ministerio Público y el defensor del acusado, etapa en la que deberán refutar los argumentos adversos que antes no hubieren sido objeto del informes, documentos, entre otros.
- El Tribunal B de Mayor Riesgo cuestionará si tiene algo más que manifestar y concederá la última palabra a los 30 acusados.
- Por último, las juezas que integran el Tribunal B de Alto Impacto se retiran a deliberar y votar para respaldar la sentencia que dictarán.
Del avance del juicio
El debate oral y público comenzó el pasado 17 de enero de 2022, es decir seis años y nueve meses después de la primera aprehensión que fue el 16 de abril de 2015. Ante el jurado han sido expuestos análisis criminales, peritajes, testimonios, entre otros, a fin de fortalecer la acusación.
El 10 de octubre la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP comenzó a requerir las penas de cárcel que considera que se deben imponer a cada uno de los procesados. Desde el 24 de agosto hasta el 26 de septiembre, declararon 15 de los 30 implicados, quienes aseguraron ser inocentes.
El 2 de agosto de 2022 testificó en favor de los acusados el agente aduanero, Raúl Palma quien aseguró que en ese entonces se estudiaba la calidad, veracidad y origen de los productos importados mediante los procedimientos establecidos en las leyes aduaneras del país.
El 20 de junio de 2022 en un lapso de cinco horas declaró el exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, quien afirmó que dicha agrupación criminal pretendía traficar droga en las aduanas. No obstante, el cuestionamiento por parte del MP fue débil y no profundizó en el relato del colaborador eficaz.
El 25 de abril de 2022 un perito de MP, Héctor Medina expuso sobre los métodos de defraudación aduanera que detectaron con el funcionamiento de La Línea y la forma en que extrajo información de una computadora que fue decomisada en la Boutique Emilio, propiedad de Roberto Ramírez.
El exanalista de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, expuso sobre algunas escuchas telefónicas que evidenciaron sobre los coordinadores financieros de La Línea y la coacción a trabajadores de la SAT en aduanas para que participaran en los negocios irregulares de la estructura.
Las investigaciones
Las pesquisas dan cuenta de la existencia de una red ilícita el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015, dicha organización habría operado en las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
La carpeta judicial está integrada por más de 30 mil folios, los cuales revelan que en estas oficinas fronterizas existían personas particulares que negociaban con importadores de mercadería para otorgarles el permiso de ingresar sus contenedores al país sin pasar por los controles normales y evadir impuestos, a cambio del pago de una cuota ilegal que le denominaron “cola”. Los precios estaban establecidos en un tarifario elaborador por la red.
Modo de operar
Los importadores o sus tramitadores debían comunicarse a un número de teléfono que les proporcionaban los integrantes de La Línea, vía telefónica negociaban el ajuste al impuesto que debían declarar en el formulario de mercancía.
Los miembros externos de la estructura eran los encargados de administrar el teléfono y los trabajadores, miembros de la estructura interna, se encargaban de los trámites en las aduanas, dijo el exanalista Aníbal Argüello y detalló que la red ilegal operaba desde el 8 de mayo de 2014, la cual fue desarticulada el 16 de abril de 2015.
Estos grupos eran controlados por Juan Carlos Monzón, a quien se identifica como el jefe o líder operativo de todo el grupo. Después de él se encontraba Salvador González y luego el resto de implicados.
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