El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscan determinar la existencia y operaciones ilícitas de una red de funcionarios, trabajadores públicos y personas particulares en las aduanas, la cual habría concedido beneficios fiscales a empresas.

La jueza Judith Secaida decidió que la Fiscalía debe investigar a Muñoz por asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho activo y cohecho pasivo. Además, es considerado el segundo al mando de la mencionada estructura.

Patán será procesado por cohecho pasivo, por supuestamente haber desestimado una denuncia en contra de Muñoz, por hechos de corrupción, y a cambio habría recibido dos plazas   en la SAT, las cuales entregó a dos personas allegadas a él.

Secaida determinó que ambos permanecerán en libertad condicional, aunque Muñoz se encuentra preso por el caso La Línea.

El centro de la red, según la Cicig, habría sido César Augusto Medina Farfán, quien habría intervenido a favor de Muñoz para que se desestimara un proceso penal de estafa propia, abuso de autoridad, peculado, concusión y fraude.

El MP presentó una docena de escuchas telefónicas entre Muñoz y Medina Farfán, en las cuales constan las acciones ilícitas de una estructura que habría funcionado entre marzo de 2014 y marzo de 2015.

Según la Cicig: “Muñoz contacta a Medina, y éste le ayuda a resolver su situación jurídica a través de la abogada Sandra Elizabeth Vargas Aldana, quien tiene contacto con el juez José Luis Patán, quien a su vez solicita dos puestos en la SAT para sus cuñados desempleados a cambio de desestimar el caso”.

Muñoz es sindicado de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo y cohecho activo.