Además, aseveró  que  esos informes también permitieron conocer  transferencias irregulares de Jacques Boussinot, padre del diputado Christian Jacques Boussinot Nuila.

Los documentos  de la  Intendencia, que leyó Gálvez,  revelaron  que las tarjetas de crédito de la exdiputada  Daniela Beltranena fueron pagadas con dinero de  Jhonatan Chévez.

En los allanamientos que se hacen en el proceso denominado La Línea se habla de un correo electrónico  que César Medina Farfán envió  a Baldetti donde se hace referencia que Juan Carlos Monzón se hará cargo del  tema de la  Portuaria Quetzal.

Un testigo “A” hace referencia que cuando  Juan Carlos Monzón se hace cargo de las negociaciones  para que se lleve a cabo el contrato oneroso, empieza el “calvario” para que se firme.

Ese testigo también aseguró, según el juez, que luego de  firmado el contrato con TCQ,  Monzón intensificó  la exigencia  de  las comisiones o beneficios económicos para los implicados en el caso.  

El juez  también argumentó su decisión en las declaraciones de Monzón como colaborador eficaz. Él aseveró  que  hubo una reunión en Cancún, México, donde se cerró el contrato y se acordó la millonaria comisión.  

En el  caso de la reunión, la defensa trató de desacreditar ese encuentro. Aduce que existen registros migratorios que prueban que los señalados que participaron estaban en Guatemala el Martes Santo del 2013. El juez dijo que el colaborador habla de varios días, y que es posible que se haya conversado en fechas antes  de las señaladas, por lo que  el MP debe  investigar.

Durante varios  allanamientos contra Monzón se localizaron documentos que describen los cuadros de las asignaciones o beneficios.

Sobre cheques,  el juez habla de que hay cheques y facturas  con los que  se pagaron varios vehículos para Otto Pérez Molina a través de las empresas de Jhonatan Chévez, a quien también señala de recibir un depósito de Q149 millones.

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Los delitos

Asociación ilícita:  lo comete quien participe o integre asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas,  promuevan su comisión, será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión, sin perjuicio de las asignadas a los delitos cometidos.

Cohecho pasivo: el funcionario o empleado público que solicite o acepte para sí u otra persona, directa o indirectamente, beneficio por retardar u omitir actos de su cargo. Es penado con cinco a 10 años de cárcel, multa de Q50 mil a Q500 mil e inhabilitación especial.

Enriquecimiento ilícito:  lo comete el funcionario o empleado público que durante sus funciones, o cinco años después de cesar en el cargo, obtenga beneficio patrimonial que no corresponden a sus ingresos lícitos. La sanción es la misma que la del cohecho pasivo.

Fraude:  el funcionario o empleado público que intervenga en cualquier fase de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta o liquidación de contratos para defraudar al Estado. La pena va de cinco a 10 años de cárcel e inhabilitación especial.

Lavado: Quien invierta, convierta, transfiera o realice transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo que se originan de un delito. Se sanciona con prisión inconmutable de seis a 20 años, más multa igual al valor de los bienes, pago de costas y gastos procesales.

Tráfico de influencias:  lo comete la persona que por sí misma u otra, o si actúa como intermediaria, influya en funcionarios o empleados públicos para obtener beneficios indebidos para sí u otra persona. Se sanciona con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial.

Ligados a proceso

1. Otto Pérez  Molina, expresidente, ligado por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
2. Roxana Baldetti, ex vicepresidenta, por  cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
3. Gustavo Adolfo  Martínez Luna, exsecretario general de la Presidencia, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
4. Julio Rolando Sandoval Cano, ex subinterventor del Puerto Quetzal, por  asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
5. Lázaro Reyes, líder sindical, por enriquecimiento ilícito.
6. Julio César  Zamora, líder sindical, por enriquecimiento ilícito.
7. Julio Norberto  Esquivel, líder sindical, enriquecimiento ilícito.
8. Juan José  Suárez, gerente de la Terminal de Contenedores Quetzal, por asociación ilícita, cohecho activo y fraude.
9. Jonathan Chévez, administrados de los presuntos sobornos recibidos por el antiguo binomio presidencial, por asociación ilícita y lavado de dinero.
10. Mario Ruano San José, asistente del magistrado Douglas René Charchal, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
11. José Daniel  Luna Argueta, secretario de un juzgado de Escuintla, por cohecho pasivo.
12. Samuel Aceituno Juárez, administrador de  Proyecto Rentables de Inversión, S.A. (Proinver), que compró fincas a nombre de los exmandatarios, por lavado de dinero.