La vista fue programada por Gálvez para las 9 horas, y en ella estarán presente los 12 imputados, entre ellos el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que supuestamente recibieron de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal  (TCQ) un soborno millonario.

Según la investigación, TCQ pagó US$30 millones para lograr la adjudicación de la ampliación de Puerto Quetzal, la mayor terminal portuaria del país; de ellos, US$24.5 millones eran para los socios locales  (entre ellos Pérez Molina y Baldetti), US$5 millones para un grupo de argentinos también implicados y US$500 mil para gastos.

Está previsto que este miércoles la defensa continúe con sus alegatos que, al igual que la jornada del pasado martes, consistirán en desmantelar la acusación de la fiscalía para lograr el sobreseimiento del caso.

Alegatos de la defensa

La defensa de la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, consideró que existe falta de mérito en los delitos que la fiscalía imputa a su patrocinada por el caso de corrupción en la portuaria Puerto Quetzal.

Durante su exposición, este martes, el letrado Fernando David Guerra Ruiz aseguró que los delitos de los que está señalada Baldetti, asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero u otros activos y fraude, no están acreditados.

Según la investigación, la ex vicepresidenta y el expresidente Otto Pérez Molina cobraron un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto, en el sur del país, a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

El letrado César Calderón, defensor de Pérez Molina,  dijo durante su exposición, que no hay pruebas sólidas que fundamenten la acusación del Ministerio Público (MP-Fiscalía), que señala que Pérez Molina, junto con la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, cobró un soborno millonario a cambio de la adjudicación de la ampliación del puerto a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

“No pueden acreditar el soborno por más que tiren del chicle” o por más que la fiscalía “adorne la cosa”, arguyó.

El español Juan José Suárez, representante legal de la empresa de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), solicitó al juez que lleva el caso de corrupción en la mayor portuaria de Guatemala prestar declaración.

Suárez, representante legal de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal  (TCQ) y acusado por la fiscalía de Guatemala de corrupción, dijo hoy que el caso en su contra es “una gigantesca y burda mentira”.

El directivo español analizó durante una media hora un informe de la Contraloría General de Cuentas  de Guatemala sobre la portuaria y aseguró que las cifras ahí recogidas sobre los beneficios y los movimientos son erróneos, al igual que el caso en su contra.