Los empresarios detenidos son Hugo Alberto Molina Botrán, de 47 años, Luis Alberto Paz Masek, 49,  y Carlos Enrique Arévalo García, 55, sindicados de cohecho activo y defraudación tributaria.

Los ejecutivos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando ingresaban al país; Molina Botrán de EE. UU., Paz Masek de Nicaragua, y Arévalo García de México. Los tres son sindicados de participar en el referido caso, por presuntamente agilizar el pago del crédito fiscal de una manera anómala.

La audiencia fue suspendida y continará el próximo miércoles, por lo que los señalados fueron enviados a prisión provisional a la cárcel militar Mariscal Zavala. 

“Como empresa, desde hace mucho tiempo se ha venido colaborando y entregando la información que sea necesaria, requerida por la fiscalía”, dijo Mario Castañeda, abogado defensor de los ejecutivos, durante una entrevista en el programa Con Criterio.

“La intención fue: al llegar al juzgado explicarles cuál era la situación personal de cada uno, que se encontraban, uno por cuestiones de salud, los demás por cuestiones de trabajo, no se encontraban en sus residencias. No era una situación que se estaba huyendo o rehuyendo a las pesquisas, sino que todo lo contrario”, agregó Castañeda. 

En audio: Las escuchas telefónicas presentadas en el caso, una conversación de Filipao

El caso

Nueve empresas supuestamente estarían involucradas en el proceso de cobrar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de forma ágil, pero ilícita, el pago del crédito fiscal.

Según las investigaciones presentadas el 25 de enero último por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), los procesos anómalos se habrían hecho por medio de Giovanni Marroquín Navas, capturado en 2015, sindicado en el caso La Línea.

Para lograr el cometido, supuestamente hacían pagos de sobornos a los funcionarios de la SAT, quienes a cambio beneficiaban a las empresas para adelantar los procesos.

Al menos Q19 millones habrían sido pagados por las empresas en concepto de comisiones a Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

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Se pronuncia 

Repsa envió un comunicado en el que aclara que esa compañía colabora con la justicia y que está comprometida en la lucha contra la corrupción, por lo que asegura que los involucrados presentarán las pruebas suficientes para probar su inocencia en el caso. 

“Sobre esta situación, desde el inicio los señores en mención han coadyuvado con las investigaciones de la CICIG y el MP.  Evidencia de esto es que, previo a haber sido relacionados al caso, han colaborado con la información requerida, acudiendo a las citaciones del MP en cuatro ocasiones, compartiendo información de forma verbal, brindando documentación y proveyendo, tanto a solicitud como por iniciativa propia, los medios de prueba para la investigación de este caso”, dijo la compañía, quien aclaró que  las tres personas habían convenido con la Fiscalía presentarse ante la justicia.

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