La CC había resuelto en definitiva, el 17 de septiembre último, que el incremento a los impuestos a la distribución del cemento y las extracciones mineras con los que se pretendía financiar el presupuesto 2015 eran inconstitucionales. Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Cámara de Comercio solicitaron una ampliación de la resolución.

Este jueves Rivera indicó que los impuestos seguirán sin cambios, así que los pagos del 1 por ciento de las regalías mineras y Q1.50 por saco de cemento siguen vigentes.

“Las disposiciones establecidas en los artículos 63 de la Ley de Minería, así como los artículos 2, 4 y 15 de la Ley del Impuesto Específico para la Distribución del Cemento se encuentran vigentes y surtiendo plenos efectos”, explicó Rivera.

El secretario adjunto de la CC agregó que las normas que fueron declaradas inconstitucionales no afectan los impuestos establecidos en dichas leyes.

CC declara con lugar solicitudes de ampliación presentadas por SAT y Cámara de Comercio. @prensa_libre

— Joel Suncar (@jsuncarpaz) November 5, 2015

Las modificaciones buscaban financiar el presupuesto con los cambios y elevar a 10 por ciento sobre el porcentaje de regalías el impuesto a la industria minera y a Q5 por saco el impuesto a la distribución del cemento.

Ampara a jueza

Este jueves el pleno de la CC también amparó a la jueza Patricia Elizabeth Gámez Barrera en la acción promovida contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ), porque al renovar su nombramiento la trasladó a prestar sus servicios como jueza al departamento de Huehuetenango. 

Con dicha sentencia la Corte restituyó a la juzgadora en el cargo anterior, el cual desempeñaba en Sacatepéquez, y dejó en suspenso definitivo la decisión administrativa reclamada. 

Además, la CC declaró con lugar la inconstitucionalidad general parcial promovida por el Sindicato de Profesores Titulares de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), contra disposiciones que regulaban la obligación de finalizar sus actividades como trabajadores al cumplir 65 años.

“Las normas impugnadas contradicen la Constitución Política porque consagran una restricción o limitación en su derecho al trabajo para todo aquel trabajador de la Usac que arribe a los 65 años”, manifestó Rivera.