CIUDAD DE GUATEMALA – En 2012, la Cámara Penal de la CSJ, a cargo de Barrientos, revocó 53 sentencias de pena de muerte alegando que se violó el debido proceso de los reos y estableció penas de 50 años de prisión, la máxima pena de cárcel en el país.

Todos los condenados enfrentaron proceso por plagio, secuestro, violación y asesinato, entre otros delitos.

“Lamentamos el dolor de las víctimas sobre el hecho ocurrido, pero el Derecho Penal debe de cumplirse”, explicó en ese momento Barrientos.

Las modificaciones de la pena de muerte se produjeron después del fallo del 20 de junio del 2005, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anuló la condena de Fermín Ramírez y Ronaldo Ernesto Raxcacoj Reyes, y se ordenara una nueva pena.

Al primero se le condenó a 44 años de prisión, por asesinato y violación de una niña, y al segundo se le impusieron 40 años de cárcel, por secuestro.

“La justicia universal está por encima de la justicia nacional; en ella se somete la soberanía nacional. No se puede hacer nada en contra de lo mandado por organismos internacionales”, declaró Barrientos.