Thelma Aldana, fiscal general, coincide con Velásquez y manifestó que si bien hubo necesidad de usar esas instalaciones castrenses, “se debe ya de actuar y diseñar todo un procedimiento para que el Sistema Penitenciario tenga sus propias instalaciones”.

 El comisionado reconoció que no se puede cambiar de un día para otro, pero afirmó que “es el momento de revisar alternativas”.

Velásquez ejemplificó su preocupación con el traslado de presos de  Mariscal Zavala a  cárceles normales, pero luego se dan decisiones judiciales que  revierten la medida y son devueltos a la entidad militar.

El viernes pasado, recordó, una jueza había decidido enviar reos del caso Construcción y Corrupción a Pavoncito, pero poco después  un juez de turno los envió al Mariscal Zavala.

“También es una exhortación al propio Organismo Judicial para que determine eso solo en los eventos de efectiva necesidad, porque las prisiones ordinarias están destinadas a eso, y no las militares, que son excepcionales”, puntualizó Velásquez.

Una década

El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, afirmó que comparte las observaciones de la Cicig y el MP al respecto, pero recordó que el problema carcelario viene de  años y hubo necesidad de habilitar las instalaciones militares.
 Las cárceles para hombres están hacinadas en  300 por ciento, y las de mujeres, en  500 por ciento, recordó el funcionario.

Agregó que tienen un plan para cambiar el modelo de gestión, pero un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que serviría para desarrollar dos proyectos en el país, no fue autorizado —en el Congreso—.
“El modelo sigue en marcha, pero migrar de un sistema a otro representa como mínimo 10 años para trasladar esas más de 20 cárceles a una nueva gestión. Dependemos de presupuesto y voluntad política”, señaló el ministro.