El regreso de los agentes de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) de la Policía Nacional Civil (PNC) ocurrió 24 horas después de que Iván Velásquez, director de Cicig, se lo pidió al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

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Degenhart dijo a mediodía que el traslado del personal obedecía a la concentración de fuerzas de la PNC para el descanso de la Semana Mayor, que coincide con un aumento en los índices delictivos.

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En ese momento agregó que la medida era de corto plazo, mas no precisó por cuánto tiempo sería.

El 19 de marzo último, un oficio de la PNC instruyó que los 11 agentes quedaban a disposición de la División de Información Policial (DIP). Algunos de esos agentes trabajan con la comisión desde su creación en 2007 y dan acompañamiento en allanamientos y operativos.

Diversos sectores de la sociedad civil opinaron que esta es una estrategia más para minar el trabajo de la Cicig, en el marco de la ofensiva presidencial que detonó en agosto de 2017 cuando Jimmy Morales declaró no grato a Velásquez e intentó sin éxito expulsarlo del país.

No obstante, sigue abierta la resolución de controversias entre Guatemala y la ONU, así como el proceso para “revisar” el convenio de creación de la Cicig.

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Para Morales, Velásquez no se ha apegado al mandato. Le cuestiona que el comsionado presionó a diputados para aprobar una reforma constitucional para fortalecer la justicia, le achaca inmiscuirse en asuntos internos y que ha abusado de sus facultades al hacer desde los medios acusaciones contra guatemaltecos sin respetar la presunción de inocencia.

El Frente Ciudadano contra la Corrupción expresó su profunda preocupación y rechazo a la medida que adoptó Gobernación, y declaró que eso podría ser un indicio del desmantelamiento de la cooperación entre Cicig y la PNC.

En tal sentido, el Frente llamó a la población y grupos organizados a estar atentos porque esos movimientos pueden poner en riesgo las labores de la comisión.

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