En el caso de las personas a las que se les aplicó la pena de muerte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo en el texto que hubo violaciones al debido proceso cometidas por el Estados en el marco de procesos penales que culminaron con la imposición de esa medida. 

Se trata de los casos de Manuel Martínez Coronado, el primer condenado al que se le aplicó la inyección letal en el país en 1998 y a quien se le acusó de haber masacrado a varias personas; Roberto Girón y Pedro Castillo, fusilados en 1996 por haber violado y asesinado a una niña de cuatro años; así como el caso de Hugo Humberto Ruiz Fuentes, condenado en 1999. 

En el comunicado se destaca que “la CIDH recomendó entonces reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos declaradas en los informes de fondo, investigar los actos de tortura y la ejecución extrajudicial de Hugo Humberto Ruiz Fuentes, y adoptar las medidas legislativas necesarias para fortalecer la plena eficacia de la defensa pública, en particular en los casos que implican la posible imposición de penas severas”. 

Sin embargo, la Comisión considera que el Estado no cumplió con las recomendaciones de fondo, por lo que presentó las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

El otro caso se refiere a la desaparición y posterior asesinato de Alejandro Yovany Gómez Virula, en marzo de 1995, en el que la Comisión considera que el Estado es responsable de la violación a sus derechos, ya que “no adoptó ninguna medida de búsqueda al tomar conocimiento de la desaparición de la víctima”. 

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La CIDH enfatiza en que, a pesar de que habían indicios de que la desaparición de Gómez Virula pudo deberse a sus actividades como dirigente sindical, el Gobierno no hizo nada para investigar el caso. 

La Comisión Interamericana es una entindad que tiene el mandato de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de Estadps Aamericanos (OEA) en la materia”. Se integra por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.