Los hechos tuvieron lugar en la prisión de Puerto Barrios, en el departamento caribeño de Izabal, y el motín se originó “tras un plan de fuga que las autoridades lograron evitar”  y por el que miembros de la Policía Nacional Civil y el Ejército se trasladaron a la cárcel para controlar la situación.

De los ocho presos que fallecieron, dos fueron decapitados y otros dos, carbonizados.

La Comisión Interamericana instó a las autoridades guatemaltecas a que adopten “medidas apropiadas” , entre ellas reformas estructurales, con el objetivo de prevenir este tipo de actos de violencia, y a investigar estos hechos “con debida diligencia y sin dilación” .

La CIDH pidió al Estado medidas concretas como desarmar a los reclusos e imponer controles efectivos para impedir la entrada de armas y otros objetos ilícitos, mejorar la seguridad dentro de las cárceles, e investigar y sancionar los actos de violencia y corrupción que tengan lugar en instalaciones penitenciarias.

También reclamó que Guatemala “prevenga el accionar de organizaciones delictivas que tengan una presencia en las cárceles”  y que adopte “pasos dirigidos a reducir el hacinamiento y el uso de la prisión preventiva, mediante el empleo y la implementación de medidas alternativas” .

La CIDH apuntó que el uso de medidas cautelares distintas de la prisión preventiva es “congruente con el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y con el derecho a la presunción de inocencia, además de que su utilización resulta sostenible y eficaz como parte de una estrategia integral para hacer frente al hacinamiento” .