El secuestro se registró en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde residía la víctima con su familia.
Cinco días después fue localizado el cadáver de la sexagenaria en el río Guacalate, kilómetro 104.5 de la carretera al Pacífico, en Escuintla.
Los jueces Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Xitumul declararon a los procesados responsables de plagio o secuestro y asesinato.
Además, ordenaron que los ahora condenados deben pagar Q350 mil a los familiares de la víctima, en concepto de reparación digna, según explicó Barrios, quien fue la encargada de leer la sentencia.
También se declaró el decomiso del picop gris plateado P888DWN, propiedad de Velásquez, el cual fue utilizado en el secuestro.
Los hechos
González Soto salió de su casa el 12 de mayo del 2010 para comprar pan. Testigos relataron que dos hombres le interceptaron el paso y la introdujeron a la fuerza en un vehículo descrito como el picop mencionado.
De inmediato los plagiarios se comunicaron con familiares de la víctima para exigirles Q350 mil como rescate y amenazaron con matarla si no les entregaban el dinero.
Las negociaciones continuaron hasta el 20 de mayo, cuando los familiares de la secuestrada entregaron Q21 mil 955.
Sin embargo, la mujer había sido asesinada el 15 de mayo, cinco días antes de que los victimarios recibieran el dinero. Su cadáver fue lanzado al río y localizado el 17 de ese mes, según testigos.
González Soto fue identificada hasta el 25 de julio de ese año.
Durante la investigación se detectó que los teléfonos móviles de Pérez, 4024-1983 y 4325-6256, fueron utilizados para negociar el rescate.
Repetición
Segundo debate
Anteriormente Jorge Moisés Velásquez y Luis Alfredo Pérez fueron juzgados junto a Iris Margarita Anayancy García Hernández por el Tribunal de Sentencia de Chimaltenango.
En ese primer debate los jueces determinaron que debían ir a prisión por plagio o secuestro y se les impuso una pena de 40 años de cárcel.
García Hernández fue absuelta porque el Tribunal no encontró ninguna prueba que la vinculara con el hecho. El Ministerio Público la acusaba de haber cuidado a la víctima durante su cautiverio.
Velásquez y Pérez impugnaron el veredicto en la Sala de Apelaciones de Sacatepéquez, la cual ordenó que se repitiera el debate.
García Hernández accionó contra la decisión de reenvío del caso, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó su petición. Inconforme, actuó en la Corte de Constitucionalidad, que confirmó la absolución.
