Iván Velásquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo que hay “elementos que muestra que (el exbinomio presidencial) pudieron haberse beneficiado con el financiamiento electoral ilícito”.

En la medida que la documentación incautada hoy sea precisada, se podrá vincular a más personas al caso, agregó el comisionado.

Velásquez ahondó en el caso de Baldetti: “Hay información obtenida de Juan Carlos Monzón (colaborador eficaz) que señala que algunos recursos que se dirigieron a empresas de Roxana Baldetti”.

Este nuevo caso de corrupción implica a Alejandro Sinibaldi, el prófugo exministro de Comunicaciones y exnominado a la Presidencia por el extinto Partido Patriota, quien recibió más de US$10 millones por comisiones de constructoras para que la cartera les pagara la deuda de arrastre, de alrededor de Q1 mil 883 millones.

Para lograr el objetivo, Sinibaldi orquestó un entramado donde los contratistas aportaban el dinero a cuatro empresas afines a él a las que se le daban apariencia de legalidad con servicios que no recibieron, lo que al final permitía hacer llegarle el dinero.

De hecho el caso Corrupción y Construcción se desprende de la documentación secuestrada por investigaciones de casos como el de La Línea.

Al respecto Velásquez dijo que la documentación es “tanta que los equipos de análisis financiero y criminal no han terminado de analizar porque son miles de documentos digitales y físicos.

El exbinomio, que gobernó entre 2012 y 2015, esperan ser juzgados por otros sonados corrupción, como La Línea, Cooperacha, Cooptación del Estado, Agua Mágica. 

Por si fuera poco, Estados Unidos aguarda que Baldetti quede libre de cargos para extraditarla y juzgarla por cargos de narcotráfico.