Trascendió este lunes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el expediente de los hermanos guatemaltecos Osmín Ricardo Tobar Ramírez y Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, por una supuesta adopción irregular llevada a cabo en Guatemala después de una presunta situación de abandono por parte de la madre.

Según lo informado por medio de un comunicado de la Comisión, el caso se relaciona con una serie de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos durante el proceso de adopción internacional mediante trámite notarial de los niños en 1998, cuando los menores tenían 7 y 2 años, respectivamente.

Los hallazgos

La Comisión previó a elevar el expediente a la Corte determinó tres hallazgos fundamentales, el primero, que no se realizó una investigación inmediata de la situación desde el momento de recepción de la denuncia anónima sobre la alegada situación de abandono de los hermanos.

Segundo, después de la visita a los niños se dispuso automáticamente su institucionalización en el Hogar Asociación, sin referencia alguna a la posibilidad de adoptar medidas de apoyo a la madre o a la posibilidad de buscar al padre o a la familia ampliada para su cuidado.

Tercero, a lo largo de todo el proceso se verificó una omisión generalizada en buscar alternativas menos lesivas a la institucionalización y posterior adopción. Desde la visita al domicilio de la señora Ramírez, hasta la declaración de estado de abandono de sus dos hijos, se presentaron numerosas irregularidades y omisiones probatorias.

Recomendaciones a Guatemala

En el Informe, la Comisión recomendó al Estado de Guatemala  efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda seria en la cual haga todos los esfuerzos para determinar el paradero de Jeffrey Arias Ramírez, y establecer de manera inmediata un procedimiento orientado a la efectiva vinculación entre Flor de María Ramírez Escobar y Gustavo Tobar Fajardo con los niños, según los deseos de estos últimos y tomando en cuenta su opinión.

La Comisión añadió que el Estado debe brindar, de forma inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten, y debe disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que participaron de los hechos del presente caso.

El caso Primavera

Luarca fue encontrada culpable de integrar una red de adopciones ilegales a través de la Asociación Primavera, que ella constituyó en 1999.

En 2009 el Ministerio Público sindicó a Luarca de haber recibido dos años antes en la sede de la Asociación Primavera, que ella constituyó, a una menor de edad con el objetivo de efectuar un trámite de adopción internacional. La notaria recibió documentos que supuestamente identificaban a la pequeña, pero la Fiscalía estableció que eran falsos.

Después, Luarca promovió, en el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Escuintla, el estado de abandono de la niña.

La menor fue rescatada durante la supervisión de expedientes que efectuaron la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional de Adopciones, en el 2008. 

La Procuraduría General de la Nación en 2007 ya había denunciado a Luarca Saracho por el intento de sustraer de manera ilegal a una niña de 11 meses.