La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó este miércoles 23 de marzo la renuncia de Erika Aifán como jueza de Mayor Riesgo. 

Al comienzo de la semana, Aifán hizo oficial su dimisión y denunció “amenazas” en su contra. 

La renuncia de Erika Aifán fue presentada este lunes 21 de marzo de 2021 a las 9.21 horas en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y luego en redes sociales.

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La jueza publicó entonces un video en el que afirmaba que la persecución que sufría amenazaba su integridad.

La carta de renuncia de Aifán, que ocupaba el cargo desde el 7 de julio de 2016 y laboró como jueza durante 19 años, estaba dirigida al pleno de magistrados de la CSJ. 

“Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo, porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad, ni a la posibilidad de defenderme con el debido proceso”, dijo Aifán en su video.

Casos de alto impacto

La juzgadora tenía a su cargo varios casos de impacto en Guatemala, como el caso Corrupción y Construcción, Comisiones Paralelas, caso Asalto al Ministerio de Salud, Odebrecht y también en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero.

Además, en el juzgado a cargo de Aifán también se conocía la denuncia del Testigo A, que revela que en el 2019, cuando Alejandro Giammattei aspiraba a la presidencia de Guatemala, negoció con el entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, un aporte de US$2.6 millones de dólares para su campaña electoral, a cambio de dejar al funcionario en su puesto.

En una entrevista con El Faro, ofrecida desde Washington, Estados Unidos, Aifán habló sobre la persecución en su contra, las amenazas a su integridad y también asegura que  Giammattei le pidió, por medio de una carta, la declaración del Testigo A, que señala al mandatario de haber recibido sobornos de constructoras.

La noche del pasado miércoles 9 de marzo Aifán, sin avisar a su equipo de guardaespaldas, habría salido de Guatemala y cruzado la frontera con El Salvador, por la vía terrestre.

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Después de eso, voló hacia Costa Rica y luego hacia Estados Unidos, en donde se encuentra actualmente exiliada.

La Unión Europea advirtió recientemente que los procesos judiciales contra jueces, fiscales y abogados independientes siguen un patrón “profundamente preocupante”.