Sonia de la Paz  Santizo Corleto, magistrado Vocal II, de la sala tercera Penal, será la jueza pesquisidora que conozca la solicitud de antejuicio contra el parlamentario.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), habían presentado la solicitud de antejuicio por la supuesta contratación de 15 guardias de seguridad privada en el Congreso de la República, cuando Muadi era presidente de ese organismo del Estado.

La investigación según explicó en su momento el jefe de Cicig Iván Velásquez, con la contratación de la policía privada se había desvíado fondos a empresas donde Muadi figuraba como gerente general, con lo que pudo beneficiarse con las contrataciones de forma ilícita.

Por el caso también se capturó a Claudia María Bolaños Morales, secretaria de Muadi y que según se señaló, pagaba Q2 mil a cada agente en efectivo por sus servicios y a parte endosaba cheques para trasladar el dinero que se cobraba al Congreso a la empresa PSE, S.A. que supuestamente es propiedad del diputado.

ván Velásquez, jefe de la Cicig, precisó que, durante seis meses, de junio a diciembre del 2013, pese a que el contrato decía que su sueldo era de Q8 mil mensuales, los 15 guardias de seguridad nunca tuvieron acceso a su propio pago, sino solo a los Q2 mil que la secretaria les daba en efectivo.

“En ese periodo aproximadamente Q630 mil fue lo que se apropió en lo que hemos concluido en la investigación ahora, este grupo que fue consignado, a las cuentas de la empresa PSE, S.A.”, expresó Velásquez.