El pleno de magistrados también nombró juez pesquisidor a Jorge Antonio Valladares Arévalo, vocal primero de la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal.

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Según la investigación, Felipe Alejos era uno de los intermediarios de la estructura de Traficantes de Influencias y su función era captar clientes, es decir, empresas que estuvieran dispuestas a pagar por el trámite irregular de devolución de crédito fiscal.

De acuerdo con el MP y la Cicig, al menos Q19 millones fueron pagados por casi una veitena de empresas en concepto de comisiones a Giovanni Marroquín Navas y a sus tres presuntos intermediarios, Mario Leal Castillo —excandidato a vicepresidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y exsecretario de Asuntos Específicos del expresidente Otto Pérez Molina—, Felipe Alejos, primer vicepresidente del Congreso, y Alfredo Muñoz Ledo-Carrillo, empresario mexicano.

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Al respecto, el parlamentario dijo: “No hemos sido notificados, sin embargo, es un trámite que siguen todos los antejuicios presentados”.

“Soy respetuoso del estado de derecho, de las leyes que rigen nuestro país y la Constitución. Pido que se respete el debido proceso y mi presunción de inocencia. Reitero, no litigaré en los medios como sí lo están haciendo el MP y la Cicig,  volviendo mi caso un show político.  Litigaré en los tribunales ejerciendo mi derecho de defensa ya que esto se trata de un antejuicio político y espurio a todas luces” manifestó Alejos.

Traficantes de influencias

El pesquisa tiene origen en los casos La Línea, la red de defraudación aduanera revelada en 2015, e Impunidad y Defraudación en la SAT, relacionado con comisiones ilícitas pagadas en esa institución tributaria.

Por este caso se capturó a Giovanni Marroquín Navas, en un dispositivo electrónico y una agenda, estaban almacenados datos que revelaron “una estructura de mayores dimensiones y que tenía personas externas”, afirmó en su momento la fiscal general, Thelma Aldana.

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El cobro a los interesados en la gestión variaba según el tiempo que demorara el trámite. Como no era posible agilizarlo en todos los casos, interponían amparos para obligar a la SAT a nombrar un auditor, lo que se convirtió en  táctica ocasional. 

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