La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ amparó en forma provisional a la Cicig y con ello deja en firme, de manera temporal, la sentencia en contra de los militares Jacobo Esdras Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez, acusados de haber participado en el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

El juez Julio Ramírez Perdomo, del Tribunal Segundo de Sentencia del Ramo Penal, condenó a cinco años y tres meses de prisión a los dos ex jefes de seguridad del expresidente Portillo, por el delito de peculado.

Nuevo juicio

El 24 de marzo último, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal declaró con lugar una impugnación de la defensa de los acusados y anuló la sentencia, al tiempo que ordenó que se repitiera el debate, el cual se programó para el próximo 20 de julio.

La Sala argumentó que había incongruencias entre la acusación que hizo el Ministerio Público y la sentencia emitida por Ramírez Perdomo.

Después, la Cicig presentó un amparo con el cual pretendía revocar la resolución de la Sala, por considerar que no estaba bien fundamentada y por la existencia de pruebas sobre la participación de los acusados en el desvío millonario del Ministerio.

Con la resolución de la Cámara de Amparo y Antejuicio se revoca de manera temporal el fallo de la Sala y se mantiene firme la sentencia provisionalmente, hasta que se concluya con el trámite del amparo y se emita el dictamen definitivo.

“Secreto militar”

Rosa Dolores Giza Ruiz, quien trabajó como jefa de Negocios y Cajas del Departamento Financiero del Ministerio de la Defensa, declaró durante el juicio que los Q120 millones que fueron sustraídos de la cartera castrense salieron bajo la figura de secreto militar.

La testigo tenía firma registrada para autorizar el desembolso del Ministerio de la Defensa y fue a través de certificaciones autorizadas por Enrique Ríos Sosa, entonces jefe del Departamento de Finanzas, que se explicaba que esos montos debían pagarse por la modalidad de secreto militar.

Giza Ruiz indicó que desconocía el destino de los Q120 millones pero esa cantidad no volvió a las arcas del Ejército.

Con base en esos documentos de soporte se emitieron dos cheques. El primero, el 28 de febrero del 2001, por Q72 millones, y el segundo, del 2 de marzo del mismo año, por Q48 millones, lo que hace un total de Q120 millones.