De acuerdo con la resolución de la CSJ, se declaró “ha lugar a formación de causa por mayoría” en el caso de Xitumul, juez de Primera Instancia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo Grupo “C”.
Por lo anterior, Xitumul podrá ser investigado por el MP por una denuncia interpuesta por el inspector de la PNC, José Cuxaj, quien lo señaló de no haberle permitido la inspección del automóvil en el que se transportaba el juzgador en febrero de 2019.
En octubre del año pasado, el juez pesquisidor de la Sala Segunda de Apelaciones, Eduardo Galván, recomendó retirar la inmunidad a Xitumul.
El juez Xitumul ha dicho que los riesgos de que declare con lugar el retiro de su inmunidad es que remitan el caso a un juez, que lo citen y soliciten su captura para reactivar todas las denuncias en su contra.
Xitumul es uno de los jueces más renombrados en Guatemala gracias a que en los últimos años ha enviado a prisión a varios exfuncionarios vinculados a casos de corrupción o delitos de lesa humanidad, lo que, según él, le ha valido para que sea perseguido en los tribunales.
El juzgador condenó a 80 años de prisión al expresidente José Ríos Montt por genocidio en 2013; además, en 2018 condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti a 15 años de cárcel por el caso Agua Mágica. También condenó a más de 800 años a Marvin Montiel Marín, el “Taquero”, un narcotraficante que ordenó asesinar a 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando estos viajaban en un autobús y Montiel creyó que llevaban droga.
El MP investigó un incidente ocurrió en 2019, cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaron allanar el vehículo del juez por sospechoso, pero este se opuso y hubo un intercambio de palabras, insultos y forcejeo que quedaron grabados en vídeo, por lo que Xitumul denunció a los policías y los policías al juez, por lo que se solicitó el retiro del derecho de antejuicio.
El juez Xitumul, quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destinadas a que el Estado de Guatemala lo proteja debido a los fallos emitidos, ha dicho que ha sido denunciado más de 30 veces por familiares o amigos de personas que condenó.
Xitumul señaló que la contradenuncia prosperó y que “eso es lo que pretendían y hasta que lo lograron hoy”.
“Esperemos que todo transcurra con normalidad y de pronto hasta una falta de mérito consigamos porque no hay nada en mi contra, yo si tengo los elemento en contra del denunciado”, reiteró.
Con respecto a lo que opina de la decisión de CSJ dijo: “entiendo que no es una cuestión personal, sino solo bastaría recordar cómo llegaron ellos (los magistrados) ahí, quién los eligió y quién los promovió, por ahí puede estar el asunto”.
Falla a favor de magistrado
En tanto, la CSJ falló a favor del magistrado titular del TSE, Ranulfo Rafael Rojas, a quien decidieron mantenerle la inmunidad, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitara su retiro para ser investigado en el marco del caso Fénix, pues hay indicios de que Rojas, también exmagistrado de la CSJ, habría incurrido en los delitos de obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La Feci presentó el 8 de octubre de 2020 una solicitud de retiro de inmunidad al magistrado Ranulfo Rafael Rojas, del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según se informó, la petición para que se le quite el derecho de antejuicio al magistrado Rojas, es porque se quiere abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción conocido como Fénix, cuando este fungía como agente fiscal del MP.
Según un comunicado del MP, la petición es para que se le retire la inmunidad a Rojas, y así pueda ser investigado por los delitos de obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Agregó que la labor de investigación en el caso Fénix, permitió la reapertura del caso por el delito de lavado u otros activos, en virtud que se observaba la existencia de una estructura criminal organizada para lavar dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondos públicos al sistema financiero.
El documento refiere que el magistrado Rojas Cetina, dentro del marco de sus atribuciones como agente fiscal del Ministerio Público, “realizó en distintos tiempos dentro de los expedientes asignados, actos encaminados a promover impunidad a los actores, tal es el caso que inobservó el mandato constitucional que en todo momento debe de garantizar el Ministerio Público en cuanto a velar por el estricto cumplimiento de las leyes y garantizar el debido proceso”.
Proceso contra Erika Aifán continúa
Además, los magistrados conocieron la solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Erika Lorena Aifán Dávila, jueza de Mayor Riesgo D, y “se rechazó in límine por mayoría (…) las enmiendas de procedimiento planteadas por la referida juez y se ordenó remitir al juez pesquisidor las presentes diligencias de antejuicio, para que continue desarrollando su atribución y remitir su informe con posterioridad a la Corte Suprema de Justicia”.
La Fundación contra el Terrorismo presentó el lunes 24 de enero una solicitud de antejuicio en contra la jueza Aifán, con la que la juzgadora, que ha sido ampliamente elogiada por Estados Unidos, acumula tres procesos de ese tipo.
La solicitud fue planteada por dicha fundación porque, según argumentan, Aifán ha conocido, sin autorización de la Cámara Penal, procesos que no han sido elevados a Mayor Riesgo.
De esa cuenta se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato.
Además, el Ministerio Público (MP) solicitó el martes 18 de enero, por segunda vez en una semana, el retiro de inmunidad para la jueza Aifán.
Dicha solicitud de antejuicio (retiro de inmunidad) obedece a la “posible” participación de la jueza en los delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato”, según detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa.
Hace unos días, Estados Unidos acusó al Gobierno de Guatemala de “debilitar” el sistema judicial del país e intentar “obstruir las investigaciones sobre corrupción” después de que el Ministerio Público emitiera el 13 de enero la primera solicitud de retiro de antejuicio para Aifán.
