Los diputados que no podrán seguir siendo investigados por el Ministerio Público son Haroldo Quej, Marco Antonio Orozco Arriola, Gustavo Medrano y Juan José Porras.
Los legisladores fueron acusados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de haber recibido dádivas mensuales a cambio de no oponerse en la aprobación de leyes que eran de interés de la exvicepresidenta de la República, Roxana Baldetti.
Los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2016. El caso fue presentado en julio de este año, pero con la resolución del pleno de magistrados, el Ministerio Público no podrá seguir investigando a los legisladores.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, respondió que en los próxims días presentarán un amparo contra la resolución de la CSJ.
Revés para la Junta Directiva del Congreso
El pleno de magistrados resolvió también este día una querella que el Congreso de la República presentó contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
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El 11 de octubre los legisladores presentaron una denuncia contra Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Gloria Patricia Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera y José Francisco de Matta Vela por los delitos de abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.
La Junta Directiva del Congreso presidida por el diputado Álvaro Arzú Escobar, pretendía que se retirara el derecho de antejuicio de los magistrados por haber otorgado un amparo provisional que suspendió las sesiones de la comisión anti Cicig.
El pleno de la CSj rechazó in inlímine esta solicitud.
Una resolución similar emitió la CSJ hace seis días cuando también rechazó la solicitud de retiro de antejuicio que el Congreso presentó contra los mismos magistrados de la CC, pero en esa ocasión fue por no permitirles continuar con el proceso de aprobación de las reformas a la ley de Reconciliación Nacional.
Contra los magistrados del TSE
La CSJ también rechazó in límine por unanimidad la solicitud de retiro de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Julio Solórzano, Dulce María Aguilar, Rudy Marlon Pineda, Jorge Mario Valenzuela y María Eugenia Mijangos.
Fotografa Esbin Garca 22-07-2019
La petición la hizo el Ministerio Público por la aprobación que hicieron los magistrados al reglamento para la organización de debates y entrevistas a candidatos a la Presidencia de la República.
La aprobación de este reglamento el 5 de marzo de este año, provocó la molestia de muchos sectores que temían que de esta forma se coartara la libertad de expresión en tiempos de elecciones.
Dicho reglamento fue revocado por los propios magistrados.
