Las licencias El Escobal, aprobada en 2013, y Juan Bosco, en 2012, quedan suspendidas y como consecuencia la minera San Rafael debe detener sus operaciones.

Las plantas extractoras cuyas licencias quedan sin efecto están ubicadas en Mataquescuintla, Jalapa, y Nueva Santa Rosa, Casillas, y San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

La resolución de la CSJ fue emitida el pasado 22 de junio y este miércoles fue notificado Calas y las demás partes involucradas.

Calas presentó la acción de amparo en mayo pasado, alegando que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) no hizo las consultas comunitarias previo a autorizar las licencias.

“El amparo es de ejecución inmediata, a partir de hoy la minera san Rafael debe suspender sus operaciones”, dijo Rafael Maldonado, director del área legal de Calas.

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Según Maldonado, el MEM no realizó las consultas comunitarias porque en los lugares donde opera la minera no hay población indígena xinka, argumento que considera sin sustento.

El representante de Calas dijo que es innegable la presencia de comunidades indígenas xinkas en Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, y que incluso algunos vecinos “tienen títulos de propiedad de las tierras comunales”.

“La minera San Rafael es una empresa que contamina el ambiente”, señaló Maldonado. Además, indicó que tanto el MEM como la empresa pueden presentar recursos a la Corte de Constitucionalidad (CC) y que será este tribunal que revoque o confirme el amparo.

Este miércoles hubo una manifestación de trabajadores y proveedores de la minera frente a la CSJ para exigir sus derechos laborales.

Rechazo

La Cámara del Agro señala que la resolución “violenta la Constitución Política de la República” y pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) que revoque la decisión de la CSJ.

“Continuar destruyendo la certeza jurídica en nuestro país ahuyenta la inversión, generando condiciones de mayor desempleo, pobreza y conflictividad”, asegura la cámara en un comunicado.

Pérdidas

AmCham de Guatemala advirtió de la pérdida de más de 445.000 empleos directos y más de 780 millones de dólares en impuestos al año si la Corte Constitucional decide suspender las operaciones de hidroeléctricas y mineras.

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham), Juan Pablo Carrasco, manifestó su “preocupación” ante las resoluciones de la máxima instancia jurídica del país por suspender proyectos que “generan bienestar, empleos y desarrollo en las áreas rurales de Guatemala”.

En su opinión, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula las consultas a los pueblos originarios, refiere que la falta de estas consultas populares “no es motivo para el cese de operaciones”, por lo que la suspensión de estos proyectos viola los derechos de propiedad de los inversionistas y desalienta futuras inversiones.