El proyecto minero es Progreso VII Derivadas, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A.,Exmingua, se ubica La Puya, donde se han instalado cientos de pobladores, especialmente mujeres que hacen resistencia pacífica y que han enfrentado desalojos por parte de la fuerza pública.    

La resolución de la Corte Suprema, notificada el lunes, responde a un amparo solicitado por el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (Calas), que argumentó que cuando se otorgó la licencia minera en septiembre de 2011, no se realizó una consulta a la población indígena del lugar para establecer si estaban de acuerdo o no con las operaciones de la mina, algo que obliga la ley. 

Rafael Maldonado, abogado de Calas, dijo que la decisión de la Corte Suprema “es una reivindicación de la lucha de la comunidad que ha defendido los derechos humanos de la población”.       
         
En su resolución la Corte dice que como consecuencia del amparo provisional otorgado “se deja en suspenso el otorgamiento de la licencia de explotación minera para explotar oro y plata” en el lugar. La mina está ubicada en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de Guatemala.      
    
Según la página web oficial de Exmingua, el proyecto está ubicado a 41 kilómetros de la ciudad capital dentro de lo que denominan Cinturón Regional de Oro orogénico denominado Tambor, una zona de su interés para la extracción de oro y plata y la cual ya estaba funcionando.
                    
Debido a los constantes conflictos que se han dado en el lugar en 2012 se instaló una mesa de diálogo que hasta hoy no ha dado resultados concretos.
       
The Associated Press se comunicó vía telefónica con representantes de Exmingua, para conocer su opinión sobre el fallo de la Corte, que respondieron que atenderían posteriormente la solicitud de información. La misma contestación dijo René Rodríguez, de la oficina de comunicación del Ministerio de Energía y Minas.