Esa tarde, el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) revelaron que la estructura criminal estaba integrada por Carlos Muñoz, exjefe de la SAT; Omar Franco, entonces jefe de la SAT; y Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de Baldetti.
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, reveló que la organización era liderada por Francisco Javier Ortiz Arreaga, más conocido como Teniente Jerez, quien también había formado parte de la red de contrabando de Alfredo Moreno, capturado durante el gobierno de Álvaro Arzú.
Velásquez explicó que se trataba de una gran estructura “jerarquizada” que funcionaba con grupos externos e internos de todos los niveles y que, entre otras acciones, ajustaba de manera irregular el impuesto que debían pagar los contenedores y simulaba el ingreso de mercancías, lo cual se descubrió por medio de escuchas telefónicas, y que se fraguaba la defraudación y repartición de sobornos.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), comentó que este caso permitió el procesamiento de 34 personas que formaban parte de la red, así como de 28 importadores. Entre los primeros se encontraban Salvador González y Monzón Rojas, quienes fueron aceptados como testigos protegidos.
Según Sandoval, al principio se estableció que la red había estafado al Estado por Q27 millones, y al finalizar los cálculos la cifra ascendió a Q37 millones en pago de sobornos entre el 2014 y 2015, aunque ya operaba desde el 2013.
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Corrupción encriptada
Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, resalta que lo más importante de este acontecimiento fue que tanto la Cicig como el MP rompieron con una estructura de corrupción encriptada en el Ejecutivo y que al ser desvelada llegó a las autoridades más altas, al punto de que se fueron defenestradas.
Rodríguez dice que gracias a ese emblemático descubrimiento se abrió un espacio para lograr grandes cambios estructurales dentro del sistema de justicia, pero lamentablemente estas mismas organizaciones se lograron recomponer en partidos como el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y ahora de nuevo controlan el Estado.
En cuanto a que hoy se cumplen cuatro años y aún no ha habido condenas, el investigador y doctor en Derecho señala que esto se debe al uso del litigio malicioso que practican los abogados defensores y el grado en que están infiltrados los operadores de los corruptos en el sistema de justicia.
Debate en medio año
De acuerdo con Sandoval, en estos momentos están pendientes de que el Tribunal de Sentencia Penal para procesos de Mayor Riesgo B les informe el día y hora del debate público, en el cual participarán 26 de 28 sindicados, porque Baldetti y Claudia Méndez —exintendente de Aduanas— aún están a la espera de la audiencia de ofrecimiento de prueba.
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En cuanto a la fecha del debate, César Calderón, abogado defensor de Pérez Molina, calcula que comenzará en seis meses y que los únicos que no estarán presentes en este juicio son los “colaboradores que decidieron cantar, acomodados a lo que les dijeron que dijeran, pues ya se encuentran libres y andan en Canadá y otros países”.
La última acción por este caso se celebró el pasado 10 de abril, cuando se suspendió la audiencia de ofrecimiento de prueba de Méndez, quien presentó una excusa por medio de su abogado, Óscar Poroj.
Ese mismo día se autorizó que la exvicepresidenta siga el caso por videoconferencia, después de Semana Santa, debido a que indicó que padece “un fuerte dolor de espalda”.
José González, coordinador de justicia del programa Impunity Wacht, asegura que el retraso en estos juicios obedece a muchos factores, pero lo más común es el litigio malicioso, al abusar de los recursos que no tienen fundamento jurídico porque no existe razón legal para plantearlos.
“La Cortes los reciben y tardan mucho tiempo en resolverlos. En estos procesos hay acciones de amparo legítimas y otras que solo buscan atrasar los casos. Las recusaciones a jueces también provocan atrasos de meses”, asegura González.
“Es el caso más emblemático y de los más grandes”
Juan Francisco Sandoval jefe de la Feci dice que el pago de sobornos alcanzó los Q37 millones.
¿Qué representa el caso La Línea para la Feci?
Es el caso más emblemático y de los más grandes que hemos trabajado. Lo más complicado era que se había logrado descubrir que la corrupción aduanera involucraba a las más altas autoridades del gobierno de turno.
¿Descubrir a las autoridades puso el caso cuesta arriba?
Esa fue una de las complicaciones de su tiempo, así como saber que ellos ya sabían que existía una investigación en desarrollo, según se pudo determinar en el proceso.
¿Quiénes fueron los peces gordos descubiertos?
El presidente de la República Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes eran los más altos niveles del Gobierno.
¿Cuánto fue lo defraudado?
En un primer momento se habló de Q27 millones, pero al final los cálculos fueron de Q37 millones en pagos de sobornos, solo del 5 de mayo del 2014 al 2015; sin embargo, ya operaban desde el 2013.
“Deben estar libres porque el caso no tiene materia”
César Calderón, abogado defensor de Otto Pérez Molina, dice que los sindicados pudieron haber quedado libres en la etapa intermedia
Como defensor de Pérez Molina, ¿cuál es su opinión de estos cuatro años?
El juicio se volvió político y no jurídico. Creo que no solo con La Línea, sino también con otros jurídicos que se venden como que fueran una cosa extraordinaria, cuando en realidad no lo son.
Y de los cuatro años que lleva el caso ¿Qué opina?
En la etapa intermedia todos los procesados tuvieron la oportunidad de desvanecer los cargos y haber quedado el caso ahí y sobreseerse, y, por lo mismo, la gente quedar libre.
¿Por qué no se concretó eso?
El juez no tomó la decisión, ahora hay que ir a un debate, con lo lento que es el sistema y la sociedad fue contaminada.
¿Qué opina del trabajo de la Cicig y Feci?
La Cicig, para justificar su trabajo en Guatemala, piensa que teniendo a la gente en la cárcel se hace justicia, cuando la gente debe estar libre, porque ese caso no tiene nada de materia.
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