El gobierno negó que el presidente Alejandro Giammattei recibiera sobornos provenientes de contratos públicos con cuatro constructoras para financiar su campaña durante la segunda vuelta, tal como lo aseguró un testigo cuya declaración fue revelada por El Faro. Sin embargo, hay un hecho irrefutable: las cuatro empresas aludidas en el testimonio incrementaron sus contratos públicos a finales del gobierno anterior e inicios de este.

“Testigo A” se le identifica a un exhombre de confianza del presidente Giammattei que, según una publicación periodística del medio salvadoreño El Faro, reveló ante un juzgado cómo el exministro de comunicaciones, José Luis Benito, pactó un aporte de 2.6 millones de dólares -unos Q20 millones- a la campaña de Giammattei en la segunda vuelta que disputó con Sandra Torres en 2019.

El trato era que Giammattei conservaría a Benito a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante un año más y así prolongar un esquema de corrupción en contratos de obra pública.

El dinero provendría, según el allegado de Giammattei, de 12 proyectos de construcción de carreteras adjudicados a empresas afines a Benito que suman más de Q1 mil 471 millones. Estas son: Coamco, Supervisión, Construcción y Mantenimiento (SCM), J.J.R.M. y Prourba.

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El gobierno reaccionó beligerante y calificó de “pseudonota” la publicación periodística, pero una verdad irrebatible es que, desde que Benito asumió el cargo en abril de 2018, hasta los primeros dos años del gobierno de Giammattei, las cuatro entidades aumentaron de forma exponencial los montos adjudicados en contratos de obra pública con relación a años anteriores, tal como consta en el portal de Guatecompras.

Prensa Libre consultó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ) bajo qué criterios aumentó las contrataciones con las cuatro constructoras, pero al cierre de esta nota no se brindó una respuesta.

También se intentó contactar a las empresas, pero ninguna accedió a dar explicaciones sobre estos contratos.

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