El juicio histórico puso a prueba a todo el sistema de justicia desde el 28 de enero del 2012, momento en que el general José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado en 1982-83, fue ligado a proceso penal por genocidio y deberes contra la humanidad.

Un año y cuatro meses después, Ríos Montt fue condenado a 80 años y enviado a prisión.

Antes de ese veredicto sus abogados defensores interpusieron cualquier tipo de recursos legales con el objetivo de evitar la sentencia condenatoria.

Hasta el momento ninguna de esas acciones legales ha evitado que el militar retirado pase su primera noche en la cárcel militar Matamoros, zona 1.

Conforme avanzaba el juicio, diversos sectores fijaron su postura en varias publicaciones, en las cuales unos negaban que hubo genocidio y otros afirmaban lo contrario, incluso organismos internacional emitían opinión.

Esta situación causó que el país se polarizara y salieran a luz viejas rencillas.

Ríos Montt resumió esa confrontación, un día antes de la sentencia, de la siguiente forma: “La más grande maldición que ha tenido Guatemala es la confrontación entre hermanos, entre familias, y eso se lo debemos a la honorable Unidad Nacional de la Esperanza”.

“La subversión no es cuestión de tiros, sino es cuestión de subdesarrollo, enfermedad, pobreza y extrema pobreza y hambre”, fueron algunas de las frases que pronunció al declararse inocente en el Tribunal.

Una de las primeras inconformidades de la defensa fue cuando el Tribunal decidió adelantar el juicio para el 19 de marzo, cuando se había fijado para el 19 de agosto del presente año.

Ambiente tenso

El juicio, que por primera vez se desarrollaba contra un jefe de Estado, tuvo como principal característica la tensión.

En un promedio de 28 audiencias fueron evidentes las discrepancias y subidas de tono entre los abogados defensores, fiscales del Ministerio Público y jueces.

Los momentos de tensión comenzaron desde el primer día del debate, cuando la presidenta del Tribunal expulsó al abogado de Ríos Montt, Édgar García Gudiel.

Otro de los puntos más críticos fue el 18 de abril, cuando los abogados de Ríos Montt —condenado— y José Mauricio Rodríguez Sánchez —absuelto— abandonaron la sala de debates, con el argumento de que el Tribunal no era imparcial.

Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal, perdió el control y se levantó de su silla para tratar de evitar que los abogados abandonaran la audiencia.

La tónica continuó hasta el final del juicio.