El titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, informó ayer que presentó su renuncia al cargo por escrito ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que no existen condiciones de seguridad en Guatemala que le garanticen su integridad física y la de su familia.

El juzgador indicó que se encuentra gozando de su período de vacaciones en San José, Costa Rica.

Expuso que su salida responde a “la constante sistematización y criminalización” que se ha emprendido contra jueces, fiscales, abogados defensores, periodistas y defensores de derechos humanos, lo que da “una impresión de que uno deja peor el país”.

El jurista compartió, por videoconferencia, que desde el 6 de mayo del 2022 fue objeto de ataques y amenazas a través de redes sociales y de persecución vehicular. “Me estaban dando seguimiento y la mayoría de las veces eran de carros que me daban la impresión de que estaban en la Corte, y me dieron seguimiento hasta llegar a la casa”, refirió.

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Gálvez tiene una trayectoria de 23 años en el Organismo Judicial (OJ), donde se ha desempeñado como juez del Ramo Penal, y desde el 2011 estuvo a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B.
Dijo que durante ese tiempo se desempeñó conforme a las normativas vigentes y trató de consolidar el estado de Derecho. “Dejo Guatemala en condiciones lamentables”, añadió.

Por su parte, el portavoz de la CSJ, Rudy Esquivel, confirmó que la carta de renuncia de Gálvez se recibió a las 12.55 horas, pero no brindó detalles sobre la fecha en que la misma podría discutirse en el pleno de la CSJ.

Sin embargo, cada miércoles los magistrados de la Corte en mención se reúnen para discutir y analizar documentos administrativos y judiciales, por lo que no se descarta que hoy conozcan la dimisión del juez.

Gálvez hizo énfasis en que de no aceptar su renuncia, el OJ lo estaría obligando a regresar a Guatemala, donde a su criterio no existen las garantías de seguridad y se atenta contra el estado de Derecho.

Antecedentes

La solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Gálvez surgió a partir de una denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) el 11 de mayo de este año, por un supuesto abuso de la figura de prisión provisional, al considerar que pudo haber incurrido en prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y realización de detenciones ilegales con causas agravantes en forma continuada.

El 4 de noviembre, Herbert Pérez, abogado de Gálvez, presentó por escrito en la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo las pruebas de descargo por el proceso de desafuero.
Sobre el caso en cuestión, Gálvez manifestó que le dará seguimiento y que no compareció a la audiencia porque cuando se presentó la excusa, uno de los requisitos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso era la publicidad, a lo cual no se dio cumplimiento.

La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y se nombró como juez pesquisidor a Roaldo Chávez, quien tuvo a su cargo el caso de la jueza Erika Aifán, quien salió de país el 23 de marzo último.

El juzgador pidió apartar a Chávez de su caso porque en el pasado fue analista jurídico de militares y compañero de universidad de Raúl Falla, el abogado que tramita los casos de la FCT.
El 15 de junio de este año, la CSJ dio trámite al proceso de retiro de inmunidad de Gálvez, decisión que fue respaldada por 12 magistrados.

El juez puntualizó ayer que al aceptar su renuncia, el antejuicio promovido en su contra perdería materia.

Si el OJ acepta la renuncia, Gálvez se convertiría en el tercer juez titular que renuncia a tener el control de un órgano jurisdiccional de Mayor Riesgo.