El 29 de marzo último, la empresa presentó la demanda en la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el 1 de abril fue notificado el Ministerio de Gobernación, para que en 10 días hábiles entregue un informe circunstanciado del proceso de rescisión, antes de conocer si la sala da trámite a la demanda.

El presidente de la firma que ha sido cuestionada por la supuesta sobrevaloración, Gustavo Brignone, confirmó que presentaron la demanda al considerar que se violó el contrato obtenido con el Ministerio del Interior.

“Nuestra demanda es Contencioso Administrativo. Nosotros entendemos que la rescisión del contrato es ilegal; así lo dicen las leyes de Guatemala y el mismo contrato. Fue una rescisión unilateral y que no está ajustada a Derecho. En defensa a la inversión que hemos hecho hemos presentado la demanda, para que la justicia determine lo que dice el contrato”, refirió.

La Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es presidida por Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Elui Guillermo Sánchez González, vocal 1; y Héctor González García, vocal 2. Es la misma que en 2015 intentó otorgar finiquitos a candidatos a elección popular, a pesar de que tenían reparos en la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Contrato

El contrato fue rescindido el 20 de mayo del 2015, un día antes de que el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dejara el cargo. La finalización del pacto se dio por causas de fuerza mayor y por un informe de la CGC, en el que recomienda la suspensión.

El ministro del Interior, Francisco Rivas, manifestó en conferencia de prensa, el martes último, que lo mejor que podía pasar es que este caso se fuera a los tribunales y ahí se resuelva ya que el contrato se mantendrá anulado.

El proyecto buscaba implementar recursos tecnológicos de última generación que permitían registrar, almacenar y gestionar en bases de datos los registros biométricos y documentales de las personas nacionales y extranjeras que ingresan y salen del país.

Estaba previsto que el proyecto se autofinanciara con los US$15 de impuesto de entrada y salida que cobraría Migración, los cuales se normaron en el acuerdo 30-2014.