La jueza Jisela Reinoso decidió enviar a siete a prisión preventiva, debido a la gravedad de los delitos por los cuales se les sindica, y los otros tres fueron beneficiados con libertad condicional sin el pago de una fianza.

Los procesados son José María Santizo Ramírez, Miguel Vinicio Godínez Cifuentes, Óscar Nicolás Sij, Byron Alexis Beltrán Ortiz, Héctor Enrique Beltrán Samayoa, Hugo Ernesto Alegría Bonilla y Jefrey Lucero Osorio, quienes permanecerán en prisión preventiva.

El Ministerio Público los señala por supuestamente dedicarse a la venta ilegal de armas de fuego, las cuales eran almacenadas de manera ilícita en un local ubicado a cercanías de la Digecam.

Keneth Steve Lusman, Israel Barrientos Mayén y Adolfo Modesto Rodríguez quedaron en libertad. La juzgadora ordenó que deben enfrentar cargos por encubrimiento propio.

Señalamiento

El Ministerio Público sindica a los ahora procesados por supuestamente operar una oficina dedicada a efectuar trámites ante la Digecam, la cual no tiene autorización para ese fin.

La pesquisa indica que la entidad encargada del control del armamento no emite ninguna autorización a personas u organizaciones para hacer gestiones de terceros, como la tenencia o portación de armas de fuego.

Tampoco se permite el almacenamiento de dichos artículos mientras dure el trámite.

La sede de la entidad se ubica en la 12 avenida y 30 calle de la zona 5, que fue allanada por las autoridades, y donde se localizaron 54 armas de fuego, las cuales fueron despojadas a 34 personas.

Las investigaciones señalan que los ahora procesados ofrecían sus servicios y además pedían a sus clientes dejar en ese lugar sus armas, y posteriormente se les informaba que al local habían ingresado ladrones, quienes se llevaban dichos artículos.

Entre el armamento localizado se encontró tres fusiles, que son de uso exclusivo del Ejército, y cuyo origen es investigado por la Fiscalía contra el Crimen Organizado.