Blanco recalcó: “Mientras varios implicados están planteando retrasar las pesquisas uno tiene que venir aquí a pedirles que agilicen las pesquias en contra de uno, eso es contradictorio”.
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El diputado de la UNE está señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desde el 24 de agosto del 2017.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad a Blanco el 7 de marzo pasado y desde ese día es la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) dirige la investigación, aunque no tiene un plazo para hacer un requerimiento ante el juez Moto.
Hasta ahora el juez Moto no se ha pronunciado respecto a la solicitud que le hiciera el diputado Blanco.
El diputado del @BloqueUNE_OL, Orlando Blanco, compareció unos minutos a la Torre de Tribunales.
Estuvo en el Juzgado Tercero Penal para solicitar ser citado y "solventar" su situación debido al señalamiento del @MPguatemala y la @CICIGgt por financiamiento electoral ilícito. pic.twitter.com/hMg11y1Zb4— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) October 1, 2018
Señalamiento
La acusación se centra a que la agrupación política usó horas de vuelo con Helicópteros de Guatemala, S.A., pero la investigación determinó que las empresas Maariv, S.A. -Q583 mil 730.01- y Bienno, S.A. -1 millón 332 mil 875.05- no pagaron por ese servicio, como hizo ver ese partido político por concepto de donaciones.
De hecho Bienno devolvió las facturas a Helicópteros de Guatemala y Maariv no tuvo actividad comercial entre mayo y octubre de 2015, cuando se hicieron los vuelos y la UNE reportó las contribuciones.
En cambio, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) determinó que quienes pagaron el dinero a Helicópteros de Guatemala fueron Jack David y Estuardo Vargas Nuñez, pero no fueron reportados como aportes de financistas sino que recayó en el rubro de aportes anónimos, según la acusación.
Los helicópteros fueron utilizados por Sandra Torres, presidenciable, y Carlos Barreda y Orlando Blanco, candidatos a diputados, entre otros, detalla la investigación del MP y la Cicig.
El antejuicio que fue planteado señala que la UNE hizo pagos por Q1 millón 130 mil 725 en su mayoría en efectivo, que incurró en ilegalidad debido a que el dinero usado en campaña debe tener trazabilidad por el sistema bancario.
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