Justicia

Dividida, CSJ rechaza solicitud de retiro de inmunidad de Sandra Torres

Por no tener elementos de racionabilidad suficientes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó este miércoles la solicitud del Ministerio Público (MP) de retiro de inmunidad de Sandra Torres, candidata presidencial de la UNE, por un caso de financiamiento electoral no registrado.

Al conocer sobre el caso en su contra, Sandra Torres lo atribuyó a un ataque de la precandidata Thelma Aldana, exfiscal General. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Al conocer sobre el caso en su contra, Sandra Torres lo atribuyó a un ataque de la precandidata Thelma Aldana, exfiscal General. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“El antejuicio 59-2019, cuyo denunciante es el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala contra Sandra Julieta Torres Casanova, quien goza de la prerrogativa de antejuicio por ser candidata presidencial, por mayoría, se rechaza in-limine por no tener elementos de racionabilidad suficientes”, informó Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial (OJ).

El señalamiento contra la candidata fue por supuesto financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

El antejuicio también incluía a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jairo Joaquín Flores, Julio César Ixcamey Velásquez y Jorge Estuardo Vargas Morales, que también fue rechazado sin entrar a conocer.

Siekavizza informó que la magistrada Silvia García votó en contra, de forma parcial, debido a que pidió que solo se siga el caso contra Torres Casanova. También votaron en contra las magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales.

La acusación del MP y la Cicig se centró en delitos de financiamiento electoral ilícito, financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Se les indicó que se relacionaron bajo la instrucción de Torres Casanova para gestionar y recibir aportes por medio de las empresas Maariv, Promotora de Recursos Habitacionales S. A., y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, S. A.

El antejuicio fue planteado por Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci, el 7 de febrero pasado. Al ser consultado vía telefónica por la resolución de la Corte respondió: “Utilizaremos las vías impugnativas…en este caso, la acción constitucional de amparo”.

Diputados de la UNE, al momento de enterarse del fallo de la CSJ. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

En cambio, diputados de la UNE que estaban en sesión plenaria se mostraron contentos al enterarse del fallo de la CSJ.

El caso se originó de las pesquisas del caso Traficantes de Influencias, donde empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el TSE por esa agrupación en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido UNE, según la acusación del MP fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe. Las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo- y la última con el diputado de la UNE, Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

La candidata presidencial acusó a la anterior fiscal General, Thelma Aldana, de estar detrás de la acusación. “Es una denuncia espuria y totalmente política”, manifestó Torres.

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Justicia y política

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista, comentó que el fallo de la CSJ favorable a Torres coincide con la convocatoria ayer para el proceso de elecciones de cortes de Apelaciones y de la misma CSJ.

“El Congreso ya anda cabildeando para elegir magistrados afines, así como ha funcionado todo. Bancadas oficiales están ávidas de querer elegir a sus magistrados”, reflexionó.

Cuestionó el hecho que la diputada Nineth Montenegro sí haya perdido el antejuicio y será investigada por el delito de financiamiento electoral ilícito y el caso de Torres es rechazado.

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“Ese es un mensaje muy claro, que la Corte Suprema de Justicia está jugando política. Hay decisiones políticas de los magistrados, eso es evidente”, dijo.

Para Balsells, otro elemento que hace pensar que hay una combinación de justicia y política es que el Congreso debía convocar a la elección de cortes en junio, pues la ley define que el proceso de postulación de magistrados debe convocar cuatro meses antes de la toma de los nuevos cargos, que debe ser en octubre.

“Creo que es una convocatoria muy prematura y habrá que analizarla y estudiarla si está en la legalidad”, acotó.

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Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, que fiscaliza las elecciones de órganos de justicia, consideró que lo resuelto por la Corte es un evidente interés de los magistrados de asegurar los votos de la UNE ante una eventual reelección.

Aseveró que la alianza oficialista ya no es suficiente para alcanzar 80 votos y tomar decisiones, en cambio la UNE puede aportar los votos necesarios para desatascar ciertas elecciones, como la de contralor, relatores contra la Tortura, entre otros cargos que le corresponden.

“Esto -resolver a favor de Torres- es más bien operar en favor de ellos mismos -los magistrados-. Nadie escapa de que la UNE va a jugar un papel central en la elección de magistrados, ya quedó probado en lo que va del año que sin el concurso de la UNE no avanza la agenda legislativa”, dijo la activista.

También observó que, en aras de la estabilidad del actual contexto electoral, los jueces no deberían cubrir a nadie o hacerse de la vista gorda de presuntos delitos, sobre todo, ante señalamientos como los hechos contra Torres.

Aseveró que el hecho de que haya algunos candidatos a la Presidencia y a diputados con antejuicios no desestabiliza nada, debido a que hay mecanismos establecidos en la reglamentación interna de los partidos, en la Ley Electoral y la Constitución, de cómo proceder en caso de que alguien ya no pueda serlo.

Espuria y política

Carlos Barreda, subjefe de la bancada uneísta, señaló que la decisión de la Corte confirma que lo hecho por el MP era “una acción espuria y política”.

“Se quiso utilizar un delito que ya no existe y es una buena lección para Thelma Aldana para que entienda que no se puede usar la justicia y el MP con fines políticos”, afirmó el legislador.

Agregó que “este es un tema importe porque las elecciones se ganan en las urnas y no en los tribunales y que Guatemala tiene derechos a elegir”.

Se le consultó si analizan la posibilidad de tomar alguna acción legal en contra e Aldana debido a que la han señalado como responsable de esta situación. “Está será decisión del Comité Ejecutivo Nacional y del secretario general en funciones, si se toman o no estas acciones”, afirmó Barreda.

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