Mientras cientos de familias se reúnen en un antiguo destacamento del pueblo de Comalapa para despedir 172 osamentas inhumadas sin nombre que fueron encontradas ahí 15 años atrás -cuando aún el terreno era propiedad del Ejército-, el sistema de justicia y el propio Gobierno tejen una estrategia dilatoria contra la búsqueda de la verdad.

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Un análisis de la oenegé holandesa Impunity Watch, llamado “Avances y obstáculos de la justicia transicional en Guatemala: informe de monitoreo 2014-2017”, señala que hubo un “retroceso” de la justicia, reparación, acceso a la verdad y a las garantías de no repetición, además de un debilitamiento de la agenda de paz y los derechos humanos.

La investigación comprende los dos últimos años de Gobierno del expresidente procesado por corrupción y general retirado Otto Pérez Molina, la transición del exmandatario Alejandro Maldonado Aguirre y los dos primeros años de la administración de Jimmy Morales.

A Morales se le señala de haber “desatendido” la agenda de transformación que proponían los Acuerdos de Paz, firmados en 1996 tras 36 años de guerra.

Son las víctimas y sus familiares, los querellantes de los casos, las organizaciones de derechos humanos, los abogados litigantes y el Ministerio Público, los que han mantenido los procesos encendidos pese a las trabas.

Un ejemplo claro de avance y tropiezo es el propio caso de genocidio, cuya primera sentencia en 2013 contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por la muerte de mil  indígenas mayas de la etnia ixil fue anulada por el máximo tribunal constitucional por “vicios en el proceso”.

Sin embargo, al reactivar el juicio en 2017 en contra del exdictador y su oficial de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez, este quedó inconcluso tras la muerte del general Ríos Montt el 1 de abril pasado y con ello, pese a haber conseguido una sentencia condenatoria efímera, Guatemala dejó en suspenso otro capítulo de su historia que en su fase judicial se llenó de amparos y retardos.

Ese llamado “litigio malicioso” es un obstáculo “destacado” en diferentes sentencias o resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recoge el informe, y añade que “la falta de una estrategia o metodología clara y líneas de investigación de los responsables” es una constante.

Impunity Watch también recoge que, con apoyo de la cooperación internacional, en Guatemala han habido más de 2 mil  exhumaciones en las que se han recuperado 9 mil 613 individuos, de los cuales 4 mil 196 han sido identificados.

La gran mayoría de trabajos le corresponden a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (Mil 725 exhumaciones entre 1992 y 2017) y la gran minoría, al Estado, con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que realizó 15 exhumaciones entre 2010 y 2013.

Pese a las decenas de militares capturados y al único guerrillero procesado, también hay 21 órdenes de aprehensión sin ejecutar de los años 2000, 2008 y 2016, entre cuyos prófugos están el coronel Juan Valencia Osorio, señalado en el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, o varios ex patrulleros de autodefensa civil.

El caso más paradigmático de los prófugos es el del exdiputado del partido oficial Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) Édgar Ovalle, el secretario general de la agrupación, cuyo cargo es ostentado temporalmente por el jefe de bancada del partido gobernante, Javier Hernández Franco.

Ovalle también es miembro de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, cuyos integrantes fundaron el FCN-Nación en los años 1990 y que en 2013 invitaron al comediante Morales y su comité llamado “Nación” para competir en las elecciones de 2015, que ganó en segunda vuelta.

Ante el retardo y las omisiones discrecionales del Gobierno y del sistema de justicia, Guatemala debe profundizar en su pasado, comprenderlo para poder atenderlo.

Y para eso, como dice el informe, es necesario no solo que el Morales y el Ejército pidan perdón a las víctimas de la guerra interna, sino que el Estado asuma las deudas pendientes que han carcomido una justicia hasta ahora inalcanzable.

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