Veinticinco años después, la anciana se apresta a testificar en el primer proceso judicial que se adelanta contra una facción de la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que se retomará este jueves, por la llamada masacre de El Aguacate.
Pero Machic tiene miedo. Miedo de que la maten si testifica. Habla muy bajito y dice que tiene que convivir todos los días con sus vecinos, a quienes señala de haber sido guerrilleros y de haber participado en la masacre.
“Ya estoy viejita pero no me quiero morir, aquí con nosotros vinieron los de la fiscalía y les dijimos que teníamos miedo que nos vinieran a matar, pero ellos nos dijeron que si alguna cosa pasa o reciben alguna amenaza vamos a poner gente que los cuide… pero tal vez ni van a estar ellos y nosotras estamos desamparadas, la gente para matar no avisa”, dijo Machic.
Como ella, otras cuatro viudas de la masacre también tienen temor de represalias cuando testifiquen en un proceso que se inició a iniciativa de las víctimas, quienes a través de la organización no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo presentaron una denuncia en 2012.
Los vecinos con los que tiene que convivir Machic no han sido identificados ni procesados por el Ministerio Público porque la denuncia se dirigió ante quienes presuntamente ordenaron la masacre.
Fuera de las viudas, se espera que más de 30 personas, entre testigos, peritos, líderes guerrilleros y militares testifiquen sobre lo ocurrido. También se espera que otro líder guerrillero, Luis Antonio Santa Cruz Mendoza, testifique por videoconferencia desde Chile.
Investigación
El proceso se inicia después de que el adelantado juicio más importante de la guerra civil, contra del militar retirado Efraín Ríos Montt, terminara con la anulación de una condena a 80 años de prisión por el genocidio de miles de indígenas mayas ixiles sucedido durante una de las más largas y sangrientas guerra civiles de Latinoamérica, que dejó más de 200 mil víctimas en 36 años de conflicto.
La masacre en El Aguacate, ocurrió entre el 22 y 25 de noviembre de 1988. Un grupo de diez guerrilleros ahorcó y asesinó a 22 hombres tras acusarlos de colaborar con el Ejército. Entre los ejecutados estaba un rebelde.
El Grupo de Apoyo Mutuo pide que se investigue, entre otros, a Pedro Pablo Palma Lau, de 62 años, entonces Comandante Pancho, quien era jefe del frente Javier Tambriz de la Organización del Pueblo en Armas, una de cuatro organizaciones guerrilleras que libraron la guerra contra el Ejército.
Palma Lau no está ni acusado formalmente por la justicia ni se encuentra detenido. Tras la firma de los acuerdos de paz, él se unió al partido político que fundó Ríos Montt y hoy en día es consultor del gobierno en temas de seguridad. El exrebelde ha dicho que cuando se cometió la masacre no estaba en Guatemala.
Quien se encuentra tras las rejas aguardando el inicio del juicio es Fermín Felipe Solano Barrillas, de 55 años, alias Teniente David, acusado por delitos contra deberes de humanidad y asesinato, capturado en 2012 tras la denuncia y quien presuntamente respondía a las órdenes de Palma Lau, señalado jefe del grupo guerrillero.
Julio Salvador Pérez Hernández, abogado defensor de Solano Barillas, dijo a periodistas que la acusación contra su defendido es política y que las pruebas presentadas en su contra no sustentan la acusación.
Las víctimas esperan que el juez Walter Jiménez, presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango, esclarezca la línea de mando y precise las responsabilidades entre Palma Lau y Solano Barillas.
Fotograma de un video colgado en Youtube que muestra imágenes de la masacre en El Aguacate. (Foto Prensa Libre: Youtube)
“No importa si es de derecha o izquierda son las víctimas las que esperan justicia”, dijo recientemente Jiménez.
Reacciones
“Este es un avance significativo, es como ir sanando las heridas de todo lo que se vivió y es bueno porque a través de estos juicios se educa a la población para que este tipo de hechos no se pueden repetir”, indicó el juez.
Cuando ocurrió la masacre, la Comandancia General de la guerrilla culpó a las Fuerzas Armadas. Pero un voluminoso informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, nacida de los acuerdos de paz de 1996 entre gobierno y guerrillas y auspiciada por la ONU, esclareció que la responsabilidad era de los rebeldes.
Solo hasta hace poco Machic, Gómez y las tres otras viudas se enteraron de la existencia del informe, que cuando se terminó no fue presentado en audiencias públicas y del que poco se reportó en los medios de comunicación.
El informe dice que el 93 por ciento de las muertes ocurridas durante la guerra fueron cometidas por el Ejército y paramilitares, a quienes responsabilizó de 626 masacres, mientras que a la guerrilla le atribuyen el tres por ciento de las violaciones a los derechos humanos, entre ellas 32 masacres incluyendo la de El Aguacate.
Así ocurrieron los hechos
La masacre se inició, según las mujeres, cuando el aldeano y entonces comisionado militar, Carlos Humberto Guerra Callejas encontró una bolsa que contenía ropa, víveres y enseres, que él le robó a la guerrilla para que su familia vendiera los bienes.
Pero la guerrilla pronto lo sorprendió y lo capturó. Los comisionados militares eran civiles que el Ejército nombraba a la fuerza como sus representantes. Algunos tenían cierta autoridad y manejaban las llamadas Patrullas de Autodefensa Civil
Estercilia Gómez, de 45 años, dice que su esposo, otro comisionado militar, “se fue junto a otras 20 personas en busca de Carlos Humberto Guerra Callejas quién se había perdido en la montaña dos días antes, nunca volvió, lo mataron”.
Ella es una de las cinco viudas que testificarán en el proceso y como todas vive en extrema pobreza, además de que padece de una especie de enfermedad de Parkinson no diagnosticada que ella atribuye a “los nervios” y que dice es consecuencia de haberse quedado sin su esposo a los 20 años.
La versión del Ministerio Público, basada en el informe de la Comisión, dice que Guerra Callejas se perdió buscando unas vacas que eran de su propiedad. Tras su desaparición, un grupo de personas, civiles y comisionados militares que ayudaban al Ejército lo fueron a buscar pero la guerrilla los encontró, retuvo y estranguló.
“La patrulla guerrillera que capturó a los aldeanos estaba integrada por su jefe, David, y otros diez hombres… Estos últimos, según los guerrilleros, eran colaboradores del Ejército”, dice uno de los apartes del informe.
“(David) decide y ordena ejecutarlos… Los prisioneros son llamados uno a uno y van siendo estrangulados. El ruido de armas de fuego, dicen, habría delatado su presencia en el área. Consumada la ejecución, los cuerpos de los campesinos son enterrados en el mismo lugar, utilizándose para ello las trincheras que habían excavado”, concluye el reporte.
Las víctimas huyeron y nunca volvieron. Hoy El Aguacate es un pueblo fantasma. Sólo quedan en pie restos de algunas casas de adobe y las cuatro paredes, corroídas por el tiempo y sin techo, de la iglesia evangélica Beteshda, centro del lugar.
Parece un pueblo perdido entre el tiempo y la maleza crecida. Las viudas y los otros habitantes lo abandonaron por temor a correr la misma suerte de sus esposos.
