El juez del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, también ordenó arresto domiciliario, arraigo y le prohibió comunicarse con otros procesados del caso.

De acuerdo con el ente investigador, Castellanos Rojas tenía contratos de servicios de la empresa en la que trabajaba con el Gobierno del Partido Patriota.

En la audiencia fue señalado de financiamiento electoral ilícito por haber otorgado recursos al Partido Patriota antes de ser electos en las elecciones de 2011.

La cooptación

Con la evidencia que arrojó el caso de defraudación aduanera La Línea, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), consideraron que era el caso más grande de corrupción detectado.

Conforme avanzaron en las escuchas telefónicas en ese caso, los investigadores detectaron que se trataba de una organización que llegaba hasta el entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti.

Entre los documentos encontraron un esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes y movimientos financieros, que reportaba operaciones desde 2088, cuatro años antes que el Patriota ganara las elecciones de 2011.

“Esta actividad, típica de redes político-económicas ilícitas, se habría diseñado durante la campaña del Partido Patriota, justo después de perder las elecciones del año 2007 y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno”, reveló la Cicig.

Instituciones importantes del Estado fueron cooptadas por la red que implementó un esquema financiero con apariencia de legalidad, cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.

En ese proceso fueron involucrados funcionarios, empresarios y particulares, por haber colaborado en el financiamiento electoral ilícito al partido, y posteriormente negocios como pago de favor.