Marco Augusto García Noriega, presidente del Cacif, se refirió a la existencia de procesos judiciales y que “la sociedad guatemalteca se polariza de una forma peligrosa para la estabilidad del país”.

Estuvo acompañado de los directivos Antonio Malouf, Ignacio Lejárraga, Juan Carlos Tefel, Nils Leporowski, Javier Bauer, Alfredo Vila y Armando Boesche.

Sobre la independencia judicial, Cacif expuso que los jueces deben resistir y denunciar presiones internas dirigidas a producir condenas anticipadas o bien a responder a expectativas que corresponden a agendas particulares o de ciertos actores procesales. Enfatizaron que a los jueces les corresponde en exclusiva impartir justicia y la sociedad debe respetarlo.

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Sobre el principio de legalidad, refirió que los jueces deben aplicar el principio de cosa juzgada para evitar que un mismo hecho se juzgue dos veces contra la misma persona porque reabrir casos o utilizar testigos no idóneos o que no reúnan las cualidades las calidades necesarias destruye irreparablemente la confianza en el sistema. El uso de ese tipo de testigos “destruye irreparablemente la confianza en el sistema” porque son procedimientos ilegales, dijeron.

En este sentido los empresarios pidieron a la fiscal General, María Consuelo Porras, que abra investigaciones correspondientes y destituya a quienes hayan caído en esa práctica.

“Solicitamos respetuosamente a la fiscal General que abra las investigaciones correspondientes, y en caso hubiere delito, proceda a destituir a los responsables y a iniciar las acciones legales correspondientes”.

Respecto a las resoluciones acordes a Derecho, Cacif señaló que no se puede aplicar normas ya derogadas o por analogía pues hacerlo desnaturaliza y permitir la persecución política ilegal.

Fortalecimiento

Afirmaron que el Ministerio Público necesita dotarse de sistemas modernos de investigación para ser fortalecido, para lo cual pidieron que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) transmita las capacidades. Resaltaron que la Fiscalía solo debe responder y rendir cuentas a la fiscal General.

Además, Cacif calificó como trascendental la reforma legal integral del sistema de justicia para superar intentos fallidos y emprender un proceso para fortalecerlo, mediante diálogo en el que participen todos los guatemaltecos.

Observador

“El sector privado se constituye desde ya como observador activo en los procesos judiciales, con el objeto de verificar que se cumplan las garantías constitucionales y la independencia judicial”, añadió García Noriega.

Caso Gavilán

Los empresarios se refirieron al caso Gavilán, que tiene detenido al exministro de Gobernación, Carlos Vielmann, por la ejecución extrajudicial de dos reos y un hondureño y a la tortura de cuatro reos que se escaparon de la cárcel El Infiernito en 2005. La audiencia de primera declaración será resuelta el próximo lunes por Claudette Domínguez, jueza de Mayor Riesgo A.

El @CACIFnoticias y la @industriaguate se refieren al caso Infiernito que se resolverá la próxima semana.
Solicitan a la fiscal General, María Consuelo Porras, revisar y si hay una irregularidad, destituir a los funcionarios señalados. pic.twitter.com/mORNkVxaiK

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) November 23, 2018

“En este momento la jueza no puede valorar los medios de prueba que se le presenten en esta etapa. Lo único que se hizo es que el Ministerio Público y la Cicig presentaron su acusación y fue rebatida por las personas que se consideran acusados. Es lo único que está pasando, no se está discutiendo el tema a fondo”, señaló García Noriega.

En 2019

Los empresarios organizados también invitaron a la sociedad a que los acompañe el próximo año en la renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de Apelaciones, que se prevé en septiembre del 2019, así como a observar el evento electoral del próximo año.

Posturas

Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, dijo: “lamentablemente presiones en torno a la administración de justicia siempre han existido”.

Explicó que las presiones “no dejarán de existir” y existe vulnerabilidad de los jueces debido a que no se respetan sus decisiones.

“Vemos mucha vulnerabilidad en general. Salvo excepciones honrosas, donde los jueces son protegidos por un aparato estatal muy grande. En términos generales hay jueces que están expuestos tal es el caso del licenciado Lester Castellano, quien ha denunciado presiones inherencias e intimidaciones por parte de la Cicig. Son cuestiones que hay que atender”, dijo López.

El juzgador agregó que “no ha existido en mantener el respeto a las resoluciones de los jueces independientemente de que sea o no de nuestro parecer, pero la función de los jueces deben respetarse. Las resoluciones están amparadas y si no comparten el contenido de una resolución existe la impugnación”.

Se hizo la consulta al MP para conocer su posición. Por ahora evitó pronunciarse al respecto.

Matías Ponce, portavoz de la Cicig, mencionó: “Respecto a la transferencia de capacidades, la misma es permanente a varias instituciones y muy especialmente al Ministerio Público”.

El funcionario de la Cicig recordó el boletín temático que centra el fortalecimiento de capacidades institucionales del MP. Destaca la utilización de métodos especiales de investigación y diversas herramientas de investigación y persecución penal.

En cuanto a la transferencia de capacidades la Cicig destaca también el trabajo de investigacion y análisis financiero, el programa de protección a testigos y la extracción forense.

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