Los constructores también exigieron cambios a la forma como se contrata en el Estado la obra pública.
“Trabajamos en propuestas y en herramientas, como una nueva ley de contrataciones que elimine la discrecionalidad de los funcionarios públicos”, comunicaron.
A la vez, el proyecto pretende fomentar la transparencia en la contratación y ejecución en la obra pública y otorgar certeza jurídica en el sistema de pagos de los contratos con el Estado. Las iniciativas serán presentadas en los próximos días.
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Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana, coincidió con la propuesta del sector construcción y recomendó hacer una serie de cambios institucionales, normativos y de controles para que este tipo de prácticas no se repitan.
“Es importante que el Estado “Ctenga una serie de controles en las licitaciones, cotizaciones y que el Tribunal Supremo Electoral trabaje el tema del financiamiento ilícito de una manera integral”, afirmó el consultor.
Mala práctica
Por aparte, los abogados defensores de los constructores condenados aseguraron que la sentencia reveló una cultura de sobornos en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), todo en la gestión de Alejandro Sinibaldi Aparicio, prófugo de la justicia.
“Los mecanismos están diseñados para obligar a los proveedores a pagar comisiones económicas a los ministros, jefes de las unidades de compras y financieros. Hay toda una estructura burocrática diseñada adrede para que se den los sobornos, lo cual debe cambiar”, expuso Rodolfo Pérez Trabanino, abogado defensor del empresario Juan Luis Tejada Argueta, uno de los condenados el pasado miércoles.
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El profesional recordó que todos los constructores que aceptaron haber dado sobornos habían iniciado procesos administrativos y judiciales de cobros en la vía ordinaria. “En la mayoría de casos hay sentencias que obligan al Estado a pagar y no se liquidaron las obras. La Contraloría General de Cuentas presenta una serie de recursos frívolos e improcedentes para no pagar en los plazos establecidos”, añadió Pérez Trabanino.
Fernando Gallardo, defensor de los sentenciados Pedro Luis Ramón Rocco y Allen Robert Krebs, dijo: “Es importante que se investigue y se busque una solución ágil de parte del Estado para que paguen lo que se les adeude, de nada servirá que un grupo quiera buscar soluciones, si de parte del Estado la burocracia continúa”.
Gallardo indicó que la sentencia, además, deja una lección para los guatemaltecos, pero en especial para los operadores de justicia, porque a su criterio deben buscar soluciones para no entrampar los procesos o mantener a las personas privadas de libertad, “sobre todo porque es una sentencia que contiene una reparación integral”.
postura oficial
El ministro de Comunicaciones, Aldo García Morales, manifestó que incrementaron los mecanismos para transparentar los procesos de adjudicación de los proyectos carreteros y aseguró que desconoce una forma para evitar la entrega de coimas a funcionarios.
Agregó que una debilidad del CIV para pagar deuda de arrastre es el presupuesto, porque fue asignado el mismo monto del año pasado —Q4 mil 91 millones—, sumado a varias modificaciones.
“Recuérdese que tenemos el mismo presupuesto del año pasado. Entonces, ¿qué ocurrió? Tenemos el mismo espacio presupuestario, tenemos compromisos que el Legislativo nos ha trasladado. Por citar uno de ellos, el tema de la refacción escolar, pero ya se solucionó”, expuso el ministro.
