El trabajo conjunto del Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ) y la PNC permitió que Artemio de Jesús Ramírez Torres, de 29 años, alias el Barbas o Pelusa, fuera capturado ayer en el kilómetro 205, aldea El Carmen, Champerico, Retalhuleu.

El supuesto agresor de los periodistas asesinados el martes último en el parque central de Mazatenango, Suchitepéquez, fue apresado en una calle de la aldea El Carmen, después de un operativo montado desde la mañana.

“Se definió el perfil criminal del sospechoso. Se llevaron a cabo entrevistas y la investigación determinó el nombre. La gente reconoció plenamente a los dos agresores”, expresó el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía de los Derechos Humanos al Juzgado de Primera Instancia y autorizada ayer por el delito de asesinato.

SEGUIMIENTO

Según el funcionario, desde el día del ataque la PNC y el Comando Antisecuestros hicieron un trabajo de seguimiento, ubicación e inteligencia. “Logramos su ubicación. Sabíamos que se había movilizado al área de Champerico”, expresó.

López Bonilla detalló que cuando las fuerzas de seguridad obtuvieron la orden de aprehensión ya tenían ubicado a Ramírez Torres, por lo cual procedieron a la detención.

Al momento de su captura, el Barbas lucía una apariencia física diferente a la que figura en los archivos de la PNC, en la cual se muestra con bigote, barba y más delgado.

Aseguró: “A pesar de que intentó cambiar su apariencia física, las pruebas biométricas confirman que el individuo capturado en Retalhuleu es el principal sospechoso de haber dado muerte a los periodistas Danilo López y Federico Salazar en Mazatenango”.

Encarcelado

Después de la aprehensión, Ramírez Torres fue llevado al Juzgado de Paz de Champerico. Anoche las autoridades lo trasladaron a la cárcel de la PNC ubicada en Mazatenango.

“Se detuvo al principal sospechoso de ser el atacante directo de los periodistas. Él es, de acuerdo a las investigaciones, el responsable de haber disparado, mientras Sergio Cardona fue quien conducía la motocicleta en que huyeron”, explicó López Bonilla.

Ramírez Torres es acusado del delito de asesinato en concurso real y asesinato en grado de tentativa. La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Suchitepéquez.

El pasado 10 de marzo, aproximadamente a las 12.45 horas, los periodistas López y Salazar fueron ultimados frente a la Gobernación de ese departamento.

En el ataque también resultó herido Melvin Túnchez, quien se recupera en el Hospital de Mazatenango

Horas más tarde la Policía apresó a Sergio Valdemar Cardona Reyes, 31, en Cuyotenango.

A Cardona Reyes se le decomisó una moto azul que tenía oculta la placa, un teléfono celular y un rollo de cinta adhesiva, la cual habría usado para ocultar la matrícula.

Testigos que presenciaron el hecho dijeron que ese vehículo era el que utilizaron los sicarios.

Allanamiento

Luego de las primeras investigaciones, agentes de la PNC allanaron, el miércoles último, la vivienda del alcalde de Mazatenango, Óscar Roberto Lemus Gordillo.

Testigos que fueron entrevistados por la Policía habrían informado que el presunto responsable de disparar contra los comunicadores se refugió en la casa del jefe edil.

Durante el sepelio de los dos comunicadores, familiares de López mencionaron que el alcalde de Mazatenango “jamás tuvo buena relación con él”.

Denuncia

El 8 de julio del 2013, López interpuso una denuncia en el Ministerio Público, en la cual señala que después de haber elaborado diferentes trabajos periodísticos, fue amenazado por José Linares Rojas, alcalde de San Lorenzo, Suchitepéquez.

Un mes después el corresponsal de Prensa Libre fue al Juzgado Segundo de Paz de Mazatenango para ratificar la denuncia. En esa ocasión declaró que tenía temor, pues “fuentes fidedignas” le comentaron que Linares Rojas planeaba contratar a mareros para robarle el equipo fotográfico y debido a ello no podría seguir trabajando.

Condena

Entidades de prensa a escala nacional e internacional instaron a las autoridades guatemaltecas a esclarecer los motivos del crimen y poner en práctica los instrumentos jurídicos para identificar a los responsables y determinar si el ataque está asociado con el ejercicio de la profesión periodística.