Toriello no detalló el monto al cual ascendían los cheques y aseguró que desconocía que se tratara de alguna acción ilícita.
La declaración de la sindicada, quien dijo que sostuvo una relación sentimental con Muadi, se hizo a puerta cerrada, derivado de una solicitud que su defensa hizo al juez José Eduardo Cojulum, con la cual se argumentó que el testimonio de la procesada podría perjudicar el desarrollo de las investigaciones y podría afectar el pudor de otros vinculados con el caso.
Acusación
El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala señalan a Pedro Muadi y a varios extrabajadores del Legislativo de haber integrado una red delictiva que habría perjudicado las finanzas del Congreso.
De acuerdo con las investigaciones, Muadi habría facilitado la contratación de personas que estarían a su disposición, pero que estas, aunque cobraban su salario mensual, no acudían a trabajar a ese organismo del Estado.
La pesquisa determinó que las personas que habían sido contratadas recibían salarios mayores a Q8 mil y que desempeñaban funciones en empresas vinculadas con Muadi.
También se señala que había un encargado de marcar la asistencia de cada una de las personas que laboraban a disposición del expresidente del Congreso, porque estas no se presentaban a cumplir sus supuestas funciones.
El órgano investigador hizo correcciones a la acusación, debido a errores de ortografía que fueron detectados en el documento en el cual se señalan los cargos a los sospechosos.
La diligencia continuará hoy, y se seguirá escuchando a la Fiscalía. La audiencia podría durar varios días, debido a la cantidad de abogados defensores, quienes tendrán que emitir argumentos de descargo.
Otros casos
Las investigaciones de la Fiscalía en contra de redes que habrían desfalcado al Congreso han vinculado a varios diputados y exparlamentarios, así como a personas particulares, quienes obtuvieron beneficios económicos como el cobro de salarios por plazas en el Legislativo, sin haber llegado a trabajar.
En otras fases de la pesquisa figuran como sospechosos los diputados César Fajardo y Marcelino García Chutá, así como los excongresistas Selvin García, Aleksander Castillo y Juan Alcázar.
También se cuentan los legisladores Arístides Crespo, Christian Boussinot y Luis Rabbé —prófugo—, entre otros.
Rabbé fue presidente del Congreso en el período 2015-2016, y durante el trámite del antejuicio en su contra manifestó que respondería ante la justicia. Huyó del país dos días antes de que se le retirara la inmunidad de funcionario.
