La Fiscalía Especial contra la Impunidad leyó ante el Juzgado Décimo Penal los cargos en contra de los excongresistas Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romero Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, y  el exdirector general del Legislativo, José Luis Mijangos Contreras, que incluyen abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Horas antes de comenzar la audiencia, Herrera Quezada se presentó de manera voluntaria al juzgado y así evitó ser capturado por la Policía.

Las pesquisas preliminares indican que Rabbé Tejada gestionó la contratación de 21 personas en el 2014 y 13 en el 2015 —la mayoría en este año fueron recontrataciones— quienes no cumplían con los requisitos para los cargos que desempeñarían.

Cristiani Calderón habría gestionado 19 entre enero del 2015 y enero del 2016. Herrera Quezada es señalado por 20 en el mismo año.

Mijangos Contreras, desde su cargo como director general del Congreso, avaló 87 contratos sin verificar que se tratara de personas aptas para los puestos.

Otro hecho que señala la Fiscalía es que muchas de las personas que fueron favorecidas por los exdiputados con plazas laborales, no asistían a realizar su trabajo o se ausentaban varios días de la semana.

Ley permisiva

Rabbé Tejada dijo que el MP cita la Ley Orgánica del Organismo Legislativo al señalar el número de personas que pueden apoyar a un diputado con sus labores, que son un asistente, una secretaria y un ujier.

“La Ley tiene una excepción, porque a pesar de señalar ese número, también dice que se puede aumentar conforme los nombramientos que sean aceptados por la Junta Directiva del Congreso”, explicó.

Agregó que la labor de quienes apoyan a cada legislador es definida por cada diputado y si un asistente es enviado a la provincia a hacer un informe es su obligación cumplir.

Según Herrera Quezada un congresista contrata a una persona para que le apoye solo cuando existe necesidad.
“No es cierto que los empleados no trabajaran. Sí lo hacían, sí presentaban los informes que se les solicitaba”, indicó. La diligencia se aplazó para el próximo lunes.

Querellante

La Procuraduría General de la Nación (PGN) busca constituirse como agraviado en el caso de plazas fantasma.
“Ante la posibilidad del daño al patrimonio del Estado y en el ejercicio de la acción reparadora por el menoscabo ocasionado al erario nacional, la PGN, en cumplimiento a su mandato legal, solicitará al juez ser parte del proceso”, refieren un comunicado.

Escándalo

La nómina de plazas fantasma en el Congreso que creó la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Rabbé, incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero. Según la pesquisa del Ministerio Público, ninguno llegó a trabajar en el Legislativo, pero tenían salarios entre los Q8 a Q20 mil.

El ente investigador descubrió que los supuestos empleados prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado, para empresa privadas de diversa índole, incluso para empresas de los propios diputados.

Ante eso la Fiscalía solicitó antejuicio contra los diputados Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Julio César López Villatoro, Selvín García, Manuel García Chuta y Carlos López Girón.