El exdiputado Estuardo Galdámez logró este lunes 31 de mayo posponer la audiencia en la que se le imputarían nuevos cargos por hechos de corrupción, luego de que prescindiera de su abogado defensor al argumentar “indefensión”.

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Antes de que comenzara la audiencia, el abogado José Ernesto Letona pidió a la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, que esta no se iniciara, debido a que hay una apelación interpuesta por la recusación que juzgadora rechazó “in limime”.

La negativa para desarrollar la audiencia persistió y la defensa de Galdámez interpuso un recurso de reposición, pero no fue resuelto a favor.

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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) hizo la imputación por enriquecimiento ilícito durante 40 minutos, pero Galdámez al consultársele si declaraba o no tomó otra postura.

“No me siento defendido y renuncio a que el abogado -José Ernesto Letona Cifuentes- me siga defendiendo”, dijo Galdámez.

El exlegislador en reiteradas ocasiones interrumpió a Aifán y se le advirtió que “la audiencia lleva un orden”.

Aifán reprogramó la audiencia para el 4 de junio próximo y notificó al Instituto de la Defensa Pública Penal para designar un abogado para representar al exdiputado, aunque Galdámez puede designar a otro asesor legal.

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El exparlamentario es sindicado por la FECI de haber “negociado” la construcción de un hospital en Ixcán, Quiché, -distrito que representaba- para adjudicar el contrato a una empresa por unos Q80 millones, de los cuales él habría recibido una comisión.

Entre las sindicaciones que se le hacen también figura haber influido en la contratación personal en la cartera de Salud.

De acuerdo con la Feci, entre 2012 y 2014, durante el gobierno del Partido Patriota y la gestión de Jorge Villavicencio como ministro de Salud, se formó una red de exfuncionarios y exdiputados para cobrar dinero por proyectos de remoción y reparación de hospitales.

La trama se armó con gestiones durante el estado de Calamidad por el terremoto de San Marcos y por otros eventos de construcción de hospitales, compra de bienes en el Ministerio de Salud y adjudicación de plazas en la institución a personas recomendadas por legisladores y funcionarios.

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El caso implicaba a unas 18 personas y la Fiscalía estimó en julio de 2019 que los sobornos fueron de unos Q50 millones.

Correos electrónicos, registros documentales, eventos de compras, análisis criminalísticos, un colaborador eficaz involucrado en la recolección del dinero y complementado con otros dos colaboradores eficaces con conocimiento del método de cobro de la estructura son parte de los indicios de la fiscalía.

En contratos de remozamiento o reparación de hospitales, a raíz del terremoto de San Marcos en 2012, se habrían cobrado Q17 millones en la construcción de nuevos centros en Quiché, Baja Verapaz, Sacatepéquez y Villa Nueva se habrían cobrado sobornos por Q36 millones. Mientras que preliminarmente se estima en Q900 mil el cobro de sobornos por contratos de bienes para el Ministerio de Salud.