Martínez declaró en calidad de testigo, propuesto de la defensa de Mario Baldetti, hermano de la exvicepresidente, y el Ministerio Público (MP), en el juicio que se sigue por el caso Lago de Amatitlán.

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No obstante, la mujer, que estuvo al frente de MARN entre enero de 2014 y mayo 2015, confirmó que autorizó que su cartera transfiriera más de Q2 millones de espacio presupuestario para la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA).

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“Rina Sanchinell –exasesora de Roxana Baldetti– me dijo que debía localizar los espacios presupuestarios que ya no serían utilizados por la cartera para ponerlos a disposición. Era un procedimiento usual que se nos expresara oralmente que debían hacer transferencias”, dijo. “No supe para que era la transferencia a AMSA, solo me dijeron que era para algo del lago”, añadió.

Además, la exministra comentó que el proyecto de limpieza no contaba con un instrumento ambiental ni aval de su cartera. “Cuando me entere de la existencia del proyecto –en marzo de 2015– hice la consulta y se me indicó que no tenía uno. Más adelante se me informó que ingreso uno, pero al poco tiempo este fue descartado”, aseguró.

Martínez fue cuestionada sobre su destitución. Sin ofrecer muchos detalles, la mujer comentó que el expresidente Otto Pérez Molina le expuso que se habían dado inconvenientes con la gestión del Lago de Amatitlán. “Me dijo que identificaba cierta afinidad con la vicepresidenta y por lo mismo debía prescindir de mis servicios”, señaló,

El caso

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, la exvicepresidenta Roxana Baldetti lideró una estructura criminal, que operaba desde instituciones estatales claves para el tema ambiental y en empresas privadas, con el objetivo de conseguir de forma ilícita la licencia de un proyecto de limpieza y saneamiento del Lago de Amatitlán con el cual se beneficiaría económicamente.

De esta forma habrían logrado que el 28 de noviembre de 2014, de forma fraudulenta, se adjudicara un contrato de saneamiento y limpieza del Lago de Amatitlán a la empresa M. Tarcic Engineering Limited por Q137.8 millones.

Del total, el Estado de Guatemala desembolsó a M. Tarcic un monto de Q20.7 millones antes de que fuera rescindido el contrato. Estos recursos terminaron en las cuentas bancarias de un conglomerado de empresas y personas particulares, de acuerdo con el MP.

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