El documento fue entregado por los defensores de Pérez Molina, Moisés Galindo y César Calderón. En la carta, el expresidente asegura que sus derechos fueron violentados.

Galindo explicó que esperaría que la Celac –de corte de izquierda- se pronuncie y envíe una comisión para verificar la situación de su cliente, quien guarda prisión preventiva por el caso la Línea.

Galindo dijo que también acudirán a otros entes internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el exgobernante denunciará al Estado de Guatemala por violación de sus derechos.

Galindo contó que su cliente argumenta que en su caso no se respetó el principio de presunción de inocencia, sino que este fue “volteado” y se le interpreta como “presunción de culpabilidad”.

Además, Pérez Molina acusa a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de ser un instrumento de Estados Unidos para llevarlo a prisión.

De acuerdo a su alegato, EE. UU. está molesto porque él promovió, desde el primer año de gobierno, un debate y reforma a la política global de drogas, lo que incluyó la propuesta de despenalización de algunas sustancias.