La resolución del Juez Marco Antonio Villeda es en definitiva, y ordena que las dos aeronaves pasen a favor del Estado.

De acuerdo con Villeda, el Ministerio Público (MP) logró determinar que Claudia Paulina Vargas Fuentes, figura como socia cofundadora de 29 sociedades anónimas que comparten el mismo domicilio.

Ella está relacionada con una de las empresas que arrendó el helicóptero a otra sociedad de origen beliceño.

“Se ordena al MP que previo a firmeza se ponga a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio los bienes anteriormente mencionados, que a partir de la sentencia quedan extinguidos a favor del estado de Guatemala”, manifestó el juez.

Estos bienes se suman a las propiedades que ya le fueron extinguidas a la pareja presidencial, entre ellas la finca de Pérez Molina en Chimaltenango y varias cuentas bancarias.

Mientras que a Baldetti una casa en un exclusivo residencial de Santa Catarina Pinula, -Los Eucaliptos- y otra propiedad en Juan Gaviota, Escuintla.

El caso

La investigación comenzó en la Unidad de Extinción de Dominio, y determinaron que las aeronaves tienen relación con el expresidente, Otto Pérez Molina, y la ex vicemandataria, Ingrid Roxana Baldetti, ambos procesados por actos de corrupción.

Se trata de la aeronave marca Bell modelo 407 GX, matrícula, TG-PES, valorada en aproximadamente en US$3 millones 175 mil; es arrendataria la entidad Halifax Limited, S.A.

La otra aeronave es vinculada a Baldetti, se trata de la marca Bell Jet Ranger III, modelo TG-ESP, con un valor aproximado de 2 millones de dólares con arrendatario de nombre, Carbonari Incorpored, S.A.

El proceso refiere que varios ministros de la presidencia de Pérez habrían realizado una “coperacha”, para reunir fondos y comprar como “regalo”, uno de los helicópteros para dárselo el día de su cumpleaños al exmandatario.

En ese caso ya están siendo procesados Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación, Ulises Anzueto y Manuel Ambrosio, ambos de Defensa.

Además es buscado Érick Árchila y Alejandro Sinibaldi, quienes tienen orden de captura internacional que no ha sido ejecutada.