En las últimas semanas también han sido atacados pilotos de varias empresas de transporte, quienes han parado el servicio por temor a ser asesinados.

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De esa cuenta, analistas, diputados y dirigentes empresariales refieren algunas propuestas y estrategias que las autoridades y órganos de justicia deben adoptar para combatir el crimen.

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El analista en asuntos de seguridad Ronaldo Leiva opina que los pandilleros están tomando más confianza porque  se sienten posesionados de las áreas donde operan y  tienen facilidad de movilizarse.

“De alguna manera se ve que superan a las fuerzas de seguridad en cuanto a que no se les logra controlar. Pero para poderlos controlar las fuerzas de seguridad necesitan más movilidad, y aun así sería difícil porque ellos viven en las mismas poblaciones”, afirmó.

El experto en seguridad indicó que es necesario que los operativos se efectúen de manera simultánea; de lo contrario esos grupos se mueven de un lugar a otro.

Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), expuso que se deben fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, en este caso la PNC y sus diferentes divisiones, como el Programa Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), que investiga a los grupos que extorsionan y usan la violencia como forma de presión.

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Según Menchú, lo que se ve es que se ha dado un repunte de ese delito, pero opina que no hay que olvidar que existen empresas grandes que ya pagan extorsión y al final esto incide en que estos grupos criminales puedan armarse más.

Tal vez empezaron con poco poder, pero ahora reciben un ingreso y pueden contratar a otras personas para que cobren la extorsión, según Menchú.

El experto advirtió: “Es difícil no pagar la extorsión porque existen represalias. La estrategia es pagar y denunciar a las autoridades, para que esos grupos se desarticulen. Lo peor que puede hacer una empresa es pagar y pagar y no dar aviso a las autoridades”.

Ejército en el debate

Leiva señaló que, en cualquier escenario, el Ejército puede disuadir con su presencia, al menos para evitar ataques a pilotos o  asaltos directos a los negocios.

El problema del Ejército es que, aunque tenga presencia, las facultades legales son limitadas y no les permiten efectuar alguna captura o conducir a un delincuente, recalcó.

Álvaro Matus, presidente de la Cámara,  ve positivo que a la par de la Policía colabore el Ejército  en las tareas de seguridad civil, para solucionar el problema, y considera que habría que darle más facultades.

“El problema con el Ejército es que solo acompaña a la PNC, pero no puede capturar (…) Lo que deberían hacer es ampliar el mandato, para que pueda salir a capturar”, señaló Matus.

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Sobre la cadena de justicia, Matus dijo: Lo que nos causa preocupación es la actitud del Ministerio Público y el Organismo Judicial, por la lentitud de los procesos. No se presentan las suficientes pruebas y en juicio son incompletas, y aun capturados en flagrancia salen libres. Están capturando a un hombre que por robar a una gallina es condenado a 12 años, y a los asesinos que capturan en flagrancia los liberan. El sistema de justicia le tiene una deuda a la ciudadanía”.

Pedirán que el Ejército patrulle

El diputado Napoleón Rojas, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, indicó que luego de un análisis determinaron que  desde que el Ejército se retiró de las calles los índices de delincuencia han aumentado.

Según Rojas, pusieron sobre la mesa lo ocurrido a la empresa de telefonía, los ataques constantes y un audio en que un pandillero amenaza.

El legislador reconoció que están preocupados por la situación y consideran que es necesario el apoyo militar para combatir la inseguridad. “Estamos analizando si como Comisión de Gobernación pedimos otra vez que el Ejército pueda salir a las calles mientras la PNC y el Ministerio de Gobernación están estables”, dijo el diputado.

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Defensa cumplirá órdenes

“Las órdenes emitidas por el presidente, como comandante general del Ejército, fueron retirar a todos los elementos de la seguridad ciudadana. El plan va por su tercera fase y se le da estricto cumplimiento”, afirmó el director del Departamento de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, Óscar Geovani Pérez.

Agregó que de existir una iniciativa en el Legislativo para continuar apoyando lo harán, siempre que esté en el marco legal.

Los lugares en los que se mantiene la presencia de los militares son  zona 18; Amatitlán, Villa Nueva, Esquipulas, Chiquimula; Puerto Barrios y Morales, Izabal; Sayaxché, Petén;  Nueva Concepción, Escuintla; y  Tacaná, San Marcos.