La expansión de ese flagelo causa temor entre la población, ya que las víctimas prefieren pagar antes de que los mareros cumplan con las amenazas de matarlas.

Los reportes policiales a partir del 2005 señalan que las primeras víctimas de extorsión fueron pilotos del transporte urbano.

En el 2008, un conductor de autobús fue amenazado de muerte si no pagaba cierta cantidad de dinero, y a pesar de la denuncia, fue ultimado frente a los agentes policiales que habían montado un operativo, en la colonia Carolingia, zona 6 de Mixco.

En la actualidad no hay estrato social libre de extorsiones, y los reportes policiales señalan que a diario se registran al menos 16 denuncias, aunque se tiene claro que este es un subregistro, debido a que no todas las víctimas denuncian, por temor a represalias.

Los mecanismos de extorsión también se han diversificado, pues ahora las víctimas reciben mensajes de texto provenientes de las prisiones y deben depositar el dinero como se hace con las remesas. Anteriormente los delincuentes operaban por medio de llamadas telefónicas y le indicaban a la víctima a quién debía entregar el efectivo.

Menores de edad y mujeres son claves para las pandillas, principalmente como cobradores.

No cesa delito

Pese a los operativos que llevan a cabo la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), los pandilleros siguen cometiendo fechorías sin el más mínimo temor.

Telémaco Pérez, director de la PNC, señaló que en los últimos meses han montado operativos para capturar a miembros de células de pandillas que extorsionan, y han detenido a entre 40 y 60 personas, en una sola acción policial.

Pérez descartó que los mareros hayan extendido sus actos a extorsiones. “Hay bandas criminales que se hacen pasar como pandilleros para cobrar extorsiones, pero estos grupos son más fáciles de desarticular porque no cuentan con una estructura”, afirmó.

El MP reporta que de enero a la fecha se ha capturado a 345 personas, de las cuales 189 han sido en flagrancia; 196 adultos y 110 adultas; 129, por orden judicial; 29 hombres menores de edad y 10 mujeres menores de edad; de estos, 27 en flagrancia.

Negocio lucrativo

Lorena Escobar, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), aseveró que la extorsión es un negocio lucrativo.

“Es tan bueno el negocio, en donde se gana fácil el dinero de forma ilícita, y como no se tiene temor a la ley, se ve una oportunidad de adquisición de riqueza”, dijo Escobar.

Añadió que la expansión de las extorsiones obedece sobre todo al ámbito comercial criminal y no a la lucha de poderes ni es un mecanismo de presión hacia el Gobierno, para que pueda ceder y empiece a negociar con los pandilleros.

Según información de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones, hay diferentes formas de pago, y en algunos casos los propietarios de viviendas particulares entregan semanalmente entre Q25 y Q100, por temor a morir en manos de los extorsionistas.

Cuando se trata de transporte público de pasajeros, les cobran entre Q100 y Q200 semanales, y a los empresarios les exigen hasta Q20 mil, ya que son Q1 mil por unidad, y algunos tienen hasta 20.

Ve debilidad institucional

Marco Antonio Canteo, experto de Seguridad en Democracia (Sedem), considera que la expansión de las extorsiones se debe a la debilidad institucional, por las pocas sentencias que los tribunales emiten contra quienes cometen ese delito.

“Creo que las extorsiones se han ampliado por la debilidad institucional del Estado, la falta de prevención en materia de seguridad y las pocas condenas que hay en relación con la cantidad de procesos que ingresan a los juzgados”, dijo.

El analista señaló que las extorsiones constituyen un fenómeno que afecta a cualquier estrato social, incluso lo considera “un deporte nacional”, con el riesgo de paralizar la economía del país.

Ronaldo Leiva, exministro de Defensa y miembro del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que en el 95 por ciento las extorsiones provienen de las cárceles.

La Fuerza de Tarea registra que las víctimas son pilotos y ayudantes de buses urbanos, extraurbanos y de rutas cortas.

También se incluye a conductores de mototaxis, taxis y microbuses; tortillerías, talleres de mecánica, repartidores de aguas, gremios de profesionales —abogados y médicos—, propietarios de tiendas y abarroterías de barrios, y viviendas particulares. Para estas últimas los pandilleros toman los números de la guía telefónica.

En cuanto a las sentencias emitidas por los tribunales, las cifras del Organismo Judicial (OJ) reportan que en el 2008 se emitieron 54 fallos condenatorios; en el siguiente año la cantidad subió a 70; para el 2010 fueron 209; en el 2011, 335, y el año pasado —entre enero y septiembre— llegó a 252.

Como parte de las acciones contra ese flagelo, en el Juzgado Primero de Mayor Riesgo A se dará a conocer hoy si 15 presuntos miembros de una banda de extorsionistas enfrentarán juicio.

Estas personas son señaladas por el MP de haber exigido dinero a comerciantes y transportistas en las zonas 6 y 18, y en el oriente del país.

Las investigaciones arrojan que los procesados son colaboradores de la Mara Salvatrucha, que opera en el barrio San Antonio, zona 6; colonias San Rafael, Paraíso 1 y 2, zona 18; y áreas de la carretera al Atlántico. La estructura fue detectada en noviembre del 2012.

En la provincia

Ovidio Paz Baal, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Sololá, explicó que se han reportado muchos casos de extorsión en ese departamento, aunque no dio cifras.

Las extorsiones en Sololá ocurren desde el 2009, cuando fueron linchadas tres personas que supuestamente cometieron ese delito. Frente al parque central del lugar las ataron, les rociaron gasolina y las quemaron.

En Retalhuleu, vecinos de diferentes sectores están preocupados por el aumento de extorsiones; sin embargo, no denuncian, por temor a que los delincuentes cumplan sus amenazas.

Según cifras de la comisaría de esa localidad, de enero a julio del 2012 recibieron 30 denuncias de extorsión, principalmente a casas particulares, y de estos casos fueron detenidas 20 personas e incautados 18 teléfonos celulares. Este año se han reportado ocho denuncias y siete capturas.

En Huehuetenango, datos de los transportistas revelan que en los dos últimos años se han registrado unos 800 casos, que incluyen comercios formales como tiendas, abarroterías, zapaterías y otros sectores que se han acostumbrado a pagar las extorsiones, que van de Q200 semanales a Q1 mil 500 mensuales.

En Totonicapán, las cifras policiales reportan, a la fecha, 19 denuncias. Solo en julio hubo ocho casos, de los cuales seis ocurrieron en la cabecera.