El 15 de enero de 2015, el Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad destaparon el Caso Migración. La policía allanó la lujosa vivienda de la familia rusa en Carretera El Salvador y los arrestó por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación de estado civil y supresión y alteración del estado civil. Fueron capturados junto 40 migrantes, funcionarios del Registro Nacional de las Personas y de Migración.

Desde entonces, Igor Bitkov se encuentra en prisión preventiva y su esposa, Irina Bitkov, e hija mayor, Anastasia, guardan prisión domiciliar.   

Dentro de su vivienda las autoridades incautaron vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo. 
Harvey Pacay, representante del principal acreedor de la empresa de la que eran propietarios los Bitkov en Rusia, el banco ruso VTB, explicó que los detenidos hicieron varios préstamos para la institución y los dejaron de pagar para luego escapar a Guatemala.

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La noticia llegó a los medios rusos que reportaron que la familia Bitkov era perseguido por la justicia por un caso de estafa. El medio local kommersant  escribió que la familia había defraudado a los accionistas de su empresa papelera por 200 millones de rublos—unos US$6 millones—.

La familia dice que su compañía, que llegó a estar valorada en US$700 millones, fue usurpada por funcionarios rusos corruptos y que se vieron obligados a huir del país ante las amenazas y extorsiones de personas allegadas al partido que puso en el poder a  Vladimir Putin.

Los Bitkov señalan que fueron víctimas de la red de migración y pensaban que los documentos eran legítimos, no obstante, la fiscalía no está convencida de eso debido a que personas con su perfil económico y educación debieron saber que no se pueden comprar identidades en ningún país del mundo de forma legal.

El juicio oral y público en su contra continua y los Bitkov se aferran a una solicitud de asilo por su condición, alegan ellos, de refugiados.